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Estados Unidos dio un paso clave que podría redefinir el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes. A partir del 27 de julio de 2025, Texas podránegar la ciudadanía automática a hijos de mexicanos y otros inmigrantes indocumentados, tras una resolución de la Corte Suprema que habilita la implementación de la controvertida Orden Ejecutiva 14160, firmada por el presidente Donald Trump.
Esta medida marca un quiebre con la tradición legal establecida por la Enmienda 14 de la Constitución, vigente desde 1868, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en suelo estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Texas será el primer estado en negar la ciudadanía por nacimiento
Con alta población migrante, Texas se perfila como el primero en aplicar esta nueva norma. A partir del 27 de julio, hospitales y oficinas públicas podrán rechazar el reconocimiento de la ciudadanía a niños nacidos de padres sin estatus legal, como indocumentados o personas bajo procesos de asilo sin resolución.
Para las familias afectadas, esto implicará iniciar demandas individuales para obtener el derecho a la ciudadanía de sus hijos, lo que representa gastos legales, trámites largos y una fuerte incertidumbre legal.
¿Todos los estados negarán la ciudadanía por nacimiento?
El fallo de la Corte Suprema no se pronunció sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva, pero sí eliminó los "mandatos judiciales nacionales", lo que significa que las medidas pueden aplicarse por estado. Así, la ciudadanía de un niño dependerá del estado donde haya nacido.
La decisión afecta principalmente a familias mexicanas y venezolanas, muchas de ellas establecidas en Texas, donde viven más de 2 millones de migrantes sin ciudadanía. La implementación de esta medida implicará una lucha legal sin precedentes, en la que padres deberán probar, uno a uno, el derecho de sus hijos a ser reconocidos como ciudadanos.
Aunque aún resta ver cómo se desarrollan las apelaciones y posibles bloqueos judiciales, el riesgo inmediato ya está sobre la mesa. El gobierno federal no ha establecido un protocolo claro para la aplicación de la medida, lo que genera más confusión e inseguridad jurídica para las comunidades migrantes.