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El viernes 29 de agosto de 2025, una corte federal de apelaciones emitió un fallo clave que bloquea los intentos de la administración de Donald Trump de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a más de 600.000 ciudadanos venezolanos que viven y trabajan legalmente en Estados Unidos.
La decisión judicial representa un alivio temporal para cientos de miles de inmigrantes que dependen de este programa para evitar la deportación y mantener permisos de empleo.
¿Qué es el TPS y por qué es importante?
El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un beneficio humanitario que el gobierno de Estados Unidos otorga a personas de países que enfrentan conflictos armados, desastres naturales o crisis extraordinarias. Bajo este estatus, los beneficiarios:
- Pueden residir legalmente en Estados Unidos.
- Tienen acceso a permisos de trabajo y, en algunos casos, licencias de conducir.
- Están protegidos contra deportaciones mientras dure la designación del TPS. en medio de la crisis política y económica de su país de origen.
Para los venezolanos, el TPS ha sido una herramienta esencial en medio de la crisis política y económica de su país de origen.
¿Por qué la administración de Trump busca prohibirles el estatus legal a los 600 mil venezolanos?
Desde su retorno a la presidencia en enero de 2025, Donald Trump anunció su intención de endurecer las políticas migratorias y revisar programas humanitarios como el TPS. En el caso de Venezuela, su administración argumentó que:
La situación política del país había cambiado y ya no justificaba la extensión del beneficio.
El TPS estaba siendo "mal utilizado" por inmigrantes que, según el gobierno, no debían permanecer indefinidamente en Estados Unidos
De esta manera, en marzo de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inició formalmente el proceso para cancelar el TPS de Venezuela, lo que hubiera afectado a más de medio millón de personas.
Duro golpe para Trump: el fallo de la corte que protege a todos estos inmigrantes
La corte federal de apelaciones falló a favor de organizaciones civiles y grupos de defensa de inmigrantes, señalando que:
- El intento de cancelar el TPS no presentó suficiente justificación legal ni evaluó adecuadamente el impacto humanitario.
- El proceso administrativo careció de análisis detallados sobre la situación política y económica de Venezuela.
- Suspender el programa abruptamente podría generar "daños irreparables" a familias y comunidades que dependen de este estatus.
Este fallo bloquea temporalmente la decisión del gobierno, manteniendo vigente el TPS para venezolanos mientras continúa el litigio. De todos modos, el escenario futuro sigue siendo incierto.