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La Administración del Seguro Social (SSA) tomo la decisión de retroceder en una de las nuevas medidas de verificación de identidad que había anunciado recientemente.
Ahora, los cambios en los trámites de los titulares de prestaciones que había anunciado el ente previsional a mediados de marzo se revertirán para algunos contribuyentes.
¿Con qué medida dio marcha atrás el Seguro Social?
El pasado 18 de marzo el ente previsional federal emitió un comunicado anunciando que el sistema de verificación de identidad para la solicitud de beneficios no podría realizarse más de manera telefónica y aquellos individuos que no pudiesen concretarlo online a través de su cuenta de "my Social Security" deberían hacerlo presencialmente.
De acuerdo con la última notificación oficial, publicada el 26 de marzo, esta decisión se revertirá para aquellos solicitantes del Seguro por Incapacidad, Medicare y el Ingreso de Seguridad Suplementaria (SSI). Estas personas no se verán afectadas por el cambio en la medida y podrán realizar la verificación telefónica en caso de que sea necesario.
¿Quiénes seguirán afectados por esta decisión del Seguro Social?
Si bien el Seguro Social dio marcha atrás con la medida para algunos beneficiarios, otros continuarán sujetos a las nuevas reglas de verificación de identidad.
Quienes soliciten beneficios de Jubilación, Sobrevivientes o Auxiliares (como los de esposo/a o hijo/a) deberán comprobar su identidad en persona si no pueden hacerlo online.
También se mantendrá la verificación presencial para modificar información de depósito directo. Para ello, los beneficiarios deberán acudir a una oficina del Seguro Social o programar una cita llamando al 1-800-772-1213.
¿Cuándo entra en vigor esta decisión del Seguro Social?
El Seguro Social confirmó que la implementación de los nuevos requisitos se extendió dos semanas, por lo que regirán desde el 14 de abril de 2025.
Este tiempo extra permitirá capacitar al personal para asistir a los beneficiarios. Además, se trabaja en un procedimiento especial para casos de extrema necesidad, como personas en estado terminal o en preliberación de prisión, quienes podrán acceder a una excepción con aprobación previa.