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La Administración del Seguro Social (SSA) implementará un cambio clave en la forma en que se distribuyen los beneficios a millones de personas en Estados Unidos.
A partir del 30 de septiembre de 2025, quienes no hayan actualizado su información de pago a un método electrónico podrían ver bloqueado el acceso a sus fondos del Seguro Social, incluidos los pagos por jubilación, discapacidad (SSDI) y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
Fin de los cheques en papel: el nuevo cambio obligatorio en la SSA
Según una orden ejecutiva emitida por el Departamento del Tesoro, todos los pagos federales, incluyendo los beneficios del Seguro Social y losreembolsos de impuestos, deberán realizarse de forma estrictamente electrónica. Esto significa que ya no se enviarán cheques en papel a partir de la fecha límite.
La medida busca reducir el fraude, que es mucho más común con los cheques impresos. Según datos oficiales, estos tienen 16 veces más probabilidades de ser reportados como robados o perdidos, además de ser más vulnerables a alteraciones o demoras en la entrega.
¿Qué pasa con los beneficiarios de la SSA que no hagan el trámite?
Los beneficiarios que no actualicen su información bancaria o seleccionen una forma de pago electrónico antes del 30 de septiembre no perderán inmediatamente su dinero, pero sí podrían enfrentar retrasos o retención de pagos futuros. La SSA confirmó que el incumplimiento del nuevo requisito puede derivar en la suspensión temporal del acceso a los fondos.
¿Cómo hacer el trámite y evitar bloqueos del Seguro Social?
Para garantizar el acceso continuo a los pagos, los beneficiarios deben registrarse en el programa Go Direct, una plataforma del gobierno federal diseñada para gestionar el depósito directo de los beneficios. Hay dos formas de completar el trámite:
En línea: A través del sitio web oficial www.godirect.gov
Por teléfono: Llamando al Centro de Soluciones de Pago Electrónico al 1-877-874-6347
Además de mejorar la seguridad, el Tesoro estima que la eliminación de los cheques en papel permitirá ahorrar al Estado unos 750 millones de dólares al año. La Casa Blanca respalda esta decisión como parte de una estrategia más amplia de eficiencia fiscal y modernización digital de los servicios federales.