El proyecto de ley de Presupuesto para los próximos cinco años que el gobierno envió al Parlamento tiene 714 artículos, algunos de ellos resistidos desde la oposición o desde las cámaras empresariales. Uno de ellos, el artículo 635, habilita a la Dirección General Impositiva (DGI) a acceder a información financiera sin orden judicial, lo que generó malestar, principalmente entre los bancos privados.

En un alto en su agenda en la ONU, en Nueva York, Orsi fue consultado sobre la posibilidad de introducir cambios a estos artículos. "Claro que sí. Eso lo hablamos con el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, y dijo mejoremos la propuesta si hay que mejorarla", dijo en declaraciones con Canal 4.

"Lo que hace el presupuesto es tomar lo que ya existía, porque la impositiva puede saber algunas cosas. Lo que está en cuestión y lo que planteamos es que no necesariamente tenga que haber una intervención judicial, pero estamos dispuestos a dar la discusión y si hay que corregir, corregimos", dijo Orsi.

El mandatario aclaró que no está sobre la mesa la posibilidad de derogar los artículos, sino corregirlos. "A ver, capaz que es derogarlo. Ojalá no. Ojalá podamos llegar a un acuerdo de que esa herramienta", señaló.

En sintonía con el argumento del ministro Oddone, el presidente recordó que la iniciativa responde a recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de información financiera, por lo que el futuro del secreto bancario puede incidir en la evaluación que el organismo hace del país.

"La OCDE nos inspecciona y nos califica y tenemos la amenaza de que nos pueda dar un golpecito si nosotros no mejoramos eso. Pero, por supuesto, el Parlamento es soberano y es el que tiene que resolver. Si no se vota, creo que no es un tema, y lo tenemos claro, de patria o muerte. Lo mejor para el país es lo que tenemos que hacer", dijo Orsi.

El reclamo de los bancos privados

Los bancos privados están en contra del artículo que permite a la DGI a acceder a información financiera sin orden judicial, en el entendido que se trata de un "retroceso a las garantías" de las personas.

"El secreto bancario protege a los clientes. El secretismo no existe más, hoy hay un montón de información de los clientes bancarios que vía judicial se puede acceder", sostuvo la directora ejecutiva de a Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), Bárbara Mainzer.

"Este cambio significa que hay muchas menos garantías para los clientes porque, en lugar de una vía judicial, es una vía administrativa, lo que te puede exponer a arbitrariedades", dijo Mainzer en declaraciones a Canal 12. Agregó que la situación preocupa porque es "un retroceso para las garantías individuales".

"Uruguay es un país garantista y el secreto bancario es de larga data en el país y hace a la confianza y respeto en el sistema a las garantías para las personas y que eso cambie, es una preocupación. Este tipo de cosas generaron nerviosismo en los clientes que estuvieron llamando a los bancos para hacer consultas", dijo Mainzer.

Las quejas de la oposición

El senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda, calificó la propuesta como "un disparate atómico" porque "Uruguay tiene un secreto bancario muy rígido, solamente se puede levantar por una orden judicial penal fundada o por un juez de familia en materia de alimentos, nadie más puede saber la información bancaria de una persona. Es una gran garantía".

"Yo no haría cambios en ese sentido. Me hace mucho ruido tocar el secreto bancario, lo mantendría tal cual está. Es algo de lo que Uruguay puede estar orgulloso", dijo en rueda de prensa.

Por su parte, el diputado del Partido Nacional (PN), Pablo Abdala, dijo que el planteo supone "un cheque en blanco" para la DGI. "Es una pésima solución y violatoria de las garantías vigentes (...) Creo que podríamos estar frente a una derogación tácita del secreto bancario", aseguró.