Este martes inicia sesión la comisión bicameral creada para tratar el documento del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, entregada la semana pasada al Parlamento por el canciller Mario Lubetkin junto a la directora general para Asuntos de Integración y Mercosur, Paola Repetto.
La comisión funcionará con carácter intensivo y se propone votar el texto antes de que termine el mes, en un proceso que los legisladores definieron como rápido pero profundo.
La comisión sesionará diariamente desde las 10:00 en la sala Paulina Luisi del anexo del Palacio Legislativo. Su objetivo central será analizar el contenido del acuerdo, recibir delegaciones y audiencias —incluidas instituciones estatales, representantes del sector empresarial y sindicatos— y garantizar que el análisis combine eficiencia y capacidad ejecutiva. Esa modalidad de trabajo busca acelerar el tratamiento sin sacrificar la profundidad del examen técnico y político del texto.
La comisión está integrada por 15 legisladores de ambas cámaras y principales fuerzas políticas: por el Frente Amplio concurrirán Eduardo Antonini, Daniel Borbonet, Eduardo Brenta, Daniel Caggiani, Liliam Kechichian, Constanza Moreira, Blanca Rodríguez y Nicolás Viera; por el Partido Nacional, Rodrigo Blás, Sebastián Da Silva, José Luis Falero y Carlos Moreira; y por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, Robert Silva y Gabriel Gurméndez. El primer invitado y expositor será el propio ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.
El diseño de sesiones diarias responde a la urgencia política de cerrar el trámite en plazos acotados, pero también a la necesidad de disipar dudas técnicas que distintos actores relevantes sobre el impacto del acuerdo en sectores clave: agricultura, industria, servicios, normas sanitarias y de origen, así como salvaguardias para productores locales. La convocatoria a actores privados y sindicales permitirá reclamos evaluados puntuales y proponer reservas o aclaraciones antes de la votación.
Los tiempos apremian
La intención de votar antes de fin de mes obliga a un calendario de audiencias y de aporte técnico muy acotado. Eso plantea un desafío logístico para el intercambio de información, la elaboración de informes y la formulación de reservas que eventualmente se trasladen a la negociación final en el Parlamento.