El senador del Partido Nacional, Javier García, quien fuera ministro de Defensa Nacional durante el gobierno anterior, criticó la decisión de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con la empresa Cardama.
El gobierno de Luis Lacalle Pou acordó la construcción y entrega de dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional por unos 82 millones de euros y según el ex ministro el astillero español ya lleva construido el 60% de uno de los barcos.
Acompañado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, el presidente Orsi explicó anoche en conferencia de prensa el proceso que lo llevó a tomar la decisión de iniciar acciones para rescindir el contrato con la empresa Cardama.
"Decidí iniciar acciones para rescindir el contrato por la compra de las dos patrullas oceánicas", debido a "fuertes indicios de fraude o estafa contra el Estado uruguayo", anunció Orsi. Aseguró que se iniciarán acciones administrativas, civiles y penales, para resguardar los recursos de los uruguayos.
Sin embargo, el ex ministro de Defensa aseguró que la elección del proveedor tuvo el aval del Tribunal de Cuentas de la República, y se tomaron en cuenta informes de la Armada Nacional para cerrar este acuerdo. García dijo que recibió una recomendación del actual comandante en jefe de la Armada Nacional, José Luis Elizondo.
El senador nacionalista indicó que el embajador de España en Uruguay emitió una carta afirmando que la empresa Cardama "era segura y confiable".
Por esta razón, la decisión de Orsi de rescindir el contrato "muestra una intencionalidad política" en la medida en que "el barco lleva el 60% en siete meses de construcción", dijo García en diálogo con radio Carve.
Sostuvo que con esta denuncia se expone a Uruguay a posibles demandas y responde a "una parte lateral del contrato", ya que el motivo de rescisión no tiene que ver con la construcción de los buques, sino con la garantía.
"La voluntad que tiene el gobierno es tirar abajo esto por razones políticas", dijo el ex secretario de Estado para quien se firmó "un contrato hipergarantista".
En filas del gobierno de Orsi explicaron que las primeras alarmas se encendieron tres días antes del vencimiento del plazo de la garantía de fiel cumplimiento que Cardama buscó salvar a último momento.
El 22 de setiembre -30 días antes del plazo- el astillero no había avisado que tenía intención de renovar la garantía, por lo que el gobierno se disponía a ejecutarla y cobrar lo acordado al firmarla: el 5% del total de valor de la obra, cerca de 4 millones de dólares.
Fue entonces que el embajador uruguayo en Gran Bretaña, Luis Bermúdez, fue hasta la dirección de la firma que se presentaba como garante, Eurocommerce LTD, y se encontró con allí funcionaba una inmobiliaria.
Durante la conferencia de prensa, los jerarcas del actual gobierno explicaron que esta compañía carece de un domicilio real y posteriormente se supo que tampoco tiene empleados (hasta 2022 tenía tan solo uno), su propietario es ruso, y vive en Rusia, y la empresa está en proceso de liquidación.
Frente a esta situación, el gobierno le solicitó a un estudio inglés analizar el inicio de acciones legales en territorio británico y español contra Cardama, a quien ya se le hicieron tres transferencias por unos 30 millones de dólares.