El organismo que lidera Guillermo Michel mantiene una tensa relación con el sector privado que se ve afectado por mayores controles a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y normativas que restringen el acceso a divisas.
Entre cruces verbales y denuncias en la justicia, hoy la Dirección General de Aduanas vitorea la caída de medidas cautelares por más de u$s 3000 millones, en un momento más que crítico por el efecto que produjo la sequía en el ingreso de divisas del agro.
En este sentido, una fuente oficial explicó que "las empresas obtenían en tiempos rápidos la demanda que otorgaba la SIMI y, sobre esa resolución, pedían ampliaciones sucesivas contra el Estado por importante cantidad de permisos".