La reticencia del senador Aníbal Fernández por rendir cuentas de sus ahorros dolarizados en el medio de la iniciativa de la AFIP en su faceta cambiaria. La polémica por la utilización de la familia presidencial de los bienes estatales o la más reciente en el uso/abuso de la cadena nacional. Las versiones por el sueldo del CEO de YPF y su gasto en vivienda. Todas estas conversaciones en tono elevado y con gestos adustos, tienen un común denominador: la delgada frontera entre lo público y lo privado.
Los tradicionales manuales de economía hablaban de la macro y la microeconomía. Más recientemente, las escuelas de negocios se refieren a lo que ocurre puertas afuera de la empresa como el entorno económico, o sea un dato de referencia en el que en teoría pueden influenciar poco pero hacer mucho para tomar nota de ello.
La Constitución Nacional (artículo 19) separa tajantemente entre las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. La misma etimología de la palabra economía se basa en oikos nomos o normas del hogar: aplicar la administración del hogar a lo que pasa puertas afuera; trasplantar la lógica de la libreta de almacenero a los ámbitos en común. Desde la antigüedad y muy especialmente en las ciudades estratégicamente ubicadas cerca de las rutas comerciales, las plazas se fueron convirtiendo en mercados y las transacciones saltaron de la intimidad a la comunidad. Nuevas reglas y exigencias vinieron aparejadas con estos cambios.
La discusión entre el alcance de los ámbitos público y privado se fueron sucediendo a medida que se aplicaban pautas distintas. En plena depresión de entreguerras, John M. Keynes hacía referencia al ahorro como una virtud en la economía privada pero no dañina en el público. Pero en épocas normales, lo que es saludable puertas adentro del hogar, a veces no se traslada automáticamente en normas estandarizadas en lo público... y viceversa.
Marjorie Scardino es la Directora Ejecutiva del Grupo Pearson, el más importante conglomerado editorial en lengua inglesa. No sólo no oculta sus 65 años de edad, sino que el último reporte anual del holding pone en el papel su sueldo anual, su bonus, sus otros ingresos en actividades declarados y sus casi 6.000 libras mensuales en concepto de vivienda. ¿La razón? Es la directiva principal de una compañía que cotiza en bolsa y cómo tal, los accionistas (en su lógica inversora) tienen derecho a saber cuánto gana y cómo se conforma el salario de los principales directivos que le harán subir o bajar su patrimonio. Por eso llama aún más la atención el revuelo armado con el supuesto pago del alquiler de la vivienda de Miguel Galuccio y sobre todo la defensa de su intimidad en este tema en una empresa de capital mixto que cotiza en el NYSE.
También es llamativo el celo con que los funcionarios, electos o parte de un gobierno electo, defienden la privacidad de sus acciones, especialmente cuando el patrimonio familiar está en riesgo de desnudarse. Otro funcionario de renombre y también periodista de profesión, el ex editor de The Economist Rupert Pennant-Rea, pasó de dirigir la revista más influyente del mundo a regir los destinos del Banco de Inglaterra Para ello tuvo que pasar todos sus ahorros a bonos públicos y quedaron en un fondo ciego fuera de su administración. Claro que este afán por separar intereses propios y ajenos tuvo un pequeño desliz en un asunto de polleras que le ocasionó su renuncia a tal alto cargo público. En este caso, una desprolijidad de alcoba terminó con su vocación de novel funcionario.
Las recientes resoluciones de la AFIP por controlar destinos turísticos, capacidad contributiva y crediticia de los futuros viajantes rozaron esta vieja disputa. ¿Hasta qué punto un gobierno puede (o debe) revisar las cuentas de los ciudadanos o influir en sus decisiones privadas, de primera o de última necesidad? ¿Vale la pena acudir a todo este arsenal informático para evitar nombrar la palabra innombrable, devaluación? Aún cuando muchos suscribirían que le fin sí justifica cualquier medio, hay consenso que no todos los fines lo ameritan y no todos los medios son presentables. La transparencia es vista a menudo como un lujo republicano, no como la exigencia mínima de un entramado institucional que intenta eludir el atajo y la corrupción como norma.
El proceso es lento pero el camino es irreversible, incluso antes que la UIF lo exija. Y así como Mrs. Scardino no esconde su edad, otros directivos y funcionarios también tendrán que mostrar con menos pudor sus propias cuentas.