El intento de negar la profunda crisis que se encuentra atravesando el mundo con el objetivo de instalar la idea de que la desaceleración económica en la argentina encuentra sus raíces en errores de la política económica doméstica pierde sustento con una simple descripción.

El mundo desarrollado se encuentra en recesión, las economías en desarrollo atravesando una fuerte desaceleración y los niveles de incertidumbre alcanzan niveles inéditos. Repasando un poco los números se ve que la Eurozona presentó una caída de 0,1% en su PIB en el primer trimestre del año, que si se analiza en cada país evidencia situaciones muy comprometidas en algunos casos, disimuladas al considerar el dato agregado para la región. Las tasas de variación del PIB para el mismo período son: Grecia -7%, Portugal -2,2%, Italia -1,4%, España -0,4%, por citar algunos ejemplos. Por su parte, la economía de los Estados Unidos presentó un crecimiento de apenas 2% en el primer trimestre del año, mantiene una tasa de desempleo de 8,2%, y no logra revertir esta situación con creación de empleo (en junio se crearon 80.000 puestos de trabajo, aunque esperaban 100.000, deteriorando aún más las expectativas). Del lado de las economías en desarrollo la desaceleración se torna evidente: China registró un crecimiento de 9,7% en el primer trimestre de 2011, y de 8,1% en el mismo período del año en curso, pasó de crecer del 9,9% a 5,6% comparando los mismos períodos, y Brasil pasó de un 4,2% a un 0,8%. Estas tres economías no son consideradas al azar, sino que representan los principales destinos de nuestras exportaciones. Finalmente, la fuerte incertidumbre que domina hoy el mundo y dispara el proceso de fuga de capitales de todos aquellos activos que impliquen riesgo (según la visión de los mercados financieros) se evidencia en la caída en el rendimiento de los bonos del tesoro de los EEUU a 10 años, que pasaron de una tasa por encima del 2% a 1,6% en los últimos meses.

Algunos datos más: las exportaciones argentinas alcanzaron u$s 32.000 millones en los primeros cinco meses del año, que se reparte en partes iguales entre Manufacturas de origen agropecuario (MOA), Manufacturas de origen industrial (MOI) y Productos Primarios (PP). Las exportaciones de soja (denominado yuyito en un artículo publicado en este diario el día 4 de julio, que intenta demostrar que el contexto externo no explica la desaceleración interna) se encuentran dentro de este último grupo. Dentro de las MOI un 44% tiene como destino Brasil, 13% la Eurozona y 8% Estados Unidos, países con economías que se encuentran en recesión o atravesando un fuerte proceso de desaceleración. El sector industrial, donde conviven grandes empresas y Pymes, tiene como característica un alto nivel agregado, efecto multiplicador sobre otros sectores de la economía y son importantes demandantes de mano de obra. Así, la caída en la producción automotriz experimentada en los últimos meses se explica como consecuencia de la caída de la demanda de Brasil.

El artículo ya citado más arriba utiliza como ejemplo de que la desaceleración económica responde a causas internas, la caída en la construcción. Si bien la construcción no es un bien transable, ¿por qué reducir la explicación de su desaceleración a medidas de política económica como las regulaciones en el mercado cambiario, y no como consecuencia de una desaceleración generalizada en la actividad económica? Si todos los insumos que utiliza la actividad de la construcción se denominan en pesos, ¿qué impedimento para el desarrollo de la misma genera que temporariamente existan ciertas restricciones en el mercado cambiario? ¿No resulta mejor pensar hacia adelante y tomar como objetivo que en nuestra economía las transacciones inmobiliarias se realicen en moneda doméstica, como ocurre en casi todos los países del mundo, en lugar de reclamar porque continúen realizándose en dólares?

En la evolución de una economía, que tiene como objetivo crecer a tasas altas y sostenidas, preservando el empleo y mejorando la distribución del ingreso, debe prestarse especial atención a dos cuestiones, la sustentabilidad de largo plazo y la mejora en el bienestar de la sociedad, que lleva a interponer el interés colectivo sobre el individual frente a situaciones complejas. Detrás de las medidas de política económica existen conflictos de intereses, ya que, como es comprensible, cada sector puja por su situación particular. A partir de esto es que se torna indispensable la existencia de un Estado fuerte que intervenga en la economía y regule ciertas actividades y mercados priorizando el interés colectivo y con visión de largo plazo.

Es cierto que una economía que lleva transitados casi diez años de crecimiento sostenido y a tasas altas comienza a enfrentar cuellos de botellas propios del crecimiento, a los que se suman un contexto complejo. Lo importante es encarar esta situación desde un Estado presente, que actúe como regulador y tenga como objetivo continuar por la senda del crecimiento y preservar el empleo. Las medidas de política económica anunciadas en el último tiempo, como parte del proceso de sintonía fina, van en el camino correcto. Por citar algunas, la administración del comercio exterior, las políticas industriales, las políticas de empleo (Programa Repro y PPC), la reforma de la Carta Orgánica del BCRA -que permitió adoptar la medida de direccionamiento del crédito al sector productivo, y a pymes-, las regulaciones al mercado cambiario, el control estatal de YPF, los planes Pro.Cre.AR para el sector de la construcción y Argenta, que permite el acceso al crédito a jubilados a tasas convenientes, entre otras.

Todas estas medidas deben ser interpretadas en conjunto, de parte de un modelo económico que aprendió que no son ni el ajuste ni el endeudamiento las recetas convenientes, propuestas que parecieran perseguir intereses corporativos particulares en lugar del interés colectivo.