Por su constitución, su perennidad y su impermeabilidad a muchas de las lógicas más clásicamente democráticas, el Poder Judicial muchas veces corrió el riesgo, aquí y en muchas parte del mundo, de convertirse en el refugio de corporaciones e intereses creados que, privados de apoyo popular y legitimidad en los otros ámbitos de los poderes de Estado, se abroquelan en éste para resistir cualquier cambio o transformación del statu quo.

Los proyectos de ley que estamos discutiendo representan un hito en la historia del Congreso. No es solamente la posibilidad de eficientizar y transparentar el ejercicio y administración del Poder Judicial en la Argentina. Se trata nada más y nada menos que de introducir el principio de legitimidad democrática y popular en el poder del Estado históricamente más refractario a toda reforma y apertura, y que, paradojalmente en una historia de rupturas institucionales crónicas como la nuestra, más continuidad demostró en su composición y ejercicio del poder.

En contrapartida, el llamado a bloquear el Parlamento el miércoles se constituye como un hecho de profunda gravedad institucional. En nombre de la democracia, una diputada de la Nación llama a impedir que uno de los poderes del Estado, el Legislativo, pueda cumplir su rol, a partir de la suposición de que hay una mayoría que va a aprobar proyectos de ley que ya tienen media sanción. Intentar impedir que uno de los poderes de la democracia funcione es un hecho golpista.

Tal vez la falta de votos en las urnas y de representación parlamentaria real lleva a algunos representantes de la oposición a pretender asumir la representación de aquellos que se movilizaron el jueves pasado. De todos modos, si le quisiéramos poner nombres propios a la representación real de la oposición hoy en la Argentina deberíamos referirnos a algunos editorialistas de los medios hegemónicos, quienes además les dicen a todos los políticos de la oposición que no saben hacer su trabajo y les indican cómo hacerlo.

El sobredimensionamiento de algunos mensajes que surgen desde esos medios pone el debate sobre la democratización de la Justicia en el contexto de la plena implementación de la Ley de Medios: la gran resistencia a que la Ley de Medios se pueda aplicar en la Argentina no es solo un hecho económico, se trata de impedir la verdadera democratización de la palabra. Algunos tienen unos amplificadores monumentales para sus voces, mientras otros nos desgañitamos tratando de que se nos escuche.

Hay que democratizar la Justicia y hay que democratizar la palabra. Es una batalla desigual pero hay que darla para seguir avanzando en una sociedad más justa, igualitaria y solidaria.