En un intento por reestructurar su deuda y evitar la quiebra, Los Grobo y su controlada Agrofina solicitaron la apertura de su concurso preventivo. Según indicaron las empresas en un comunicado que enviaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV) este lunes, la decisión se tomó para posibilitar la continuación del negocio y el mantenimiento de la fuente de trabajo.

Las dos firmas, que se declararon en default en diciembre del año pasado, tienen una deuda consolidada de u$s 207 millones. Un cuarto de ese monto vence en el primer semestre de 2025.

"Solicitamos la apertura a concurso de Los Grobo y Agrofina como medida legal para posibilitar la continuidad de las compañías, de su operación, de sus activos y de sus fuentes de trabajo. A partir de la presentación a concurso, las compañías van a seguir operativas y trabajando en una solución integral que ordene la situación del negocio y su capacidad financiera", indicaron las empresas en un comunicado, a la vez que adelantaron que ya convocaron a una asamblea de accionistas el 12 de marzo para ratificar la decisión.

A pesar de que, tanto el expediente de Los Grobo, como el de Agrofina ya están presentados en la Justicia, según la Ley de Concursos y Quiebras, requieren de la ratificación de los accionistas dentro de los 30 días de la presentación. En caso de no obtenerla, según la ley, deberá desistir de la acción. Pero, en el caso de Los Grobo Agropecuaria se tratará apenas de una formalidad:aunque lleva el nombre por sus fundadores, la familia Grobocopatel, el grupo es controlado en un 90% por el fondo de inversión Victoria Capital Partners desde 2016. Gustavo Grobocopatel y su hermana Matilde conservan el 10% restante.

Fueron varias las razones que llevaron a Los Grobo Agropecuaria y Agrofina a recurrir a esta herramienta legal. Según explicitó Los Grobo en el acta de la reunión de directorio en la que se tomó la decisión, una de ellas fue la fuerte sequía que afectó a las campañas 2022/2023, lo que, consecuentemente, aparejó una caída interanual de la producción de trigo y soja de casi 40 por ciento.

Se sumó, además, un periodo de alta inflación, acompañado de un atraso del tipo de cambio oficial durante la primera parte de la campaña anterior, lo que afectó directamente a la rentabilidad de las compañías.

El segundo semestre (de enero a junio de 2024) estuvo marcado por el debut del nuevo Gobierno y la implementación de medidas que buscaban la estabilidad de las variables macroeconómicas, tal como lo fue la devaluación inicial de Javier Milei. Esto, argumentó Los Grobo, generó un "aumento descontrolado de los precios de bienes y servicios ocasionando una retracción de la demanda y posterior recesión económica".

Por último y como consecuencia de los factores anteriores, a los que se sumó también, la cuestión climática y la chicharrita, la sociedad enfrentó una fuerte reducción en la demanda de insumos agrícolas, que rondó el 30%. De hecho, el mercado de defensivos agrícolas pasó de mover u$s 4300 millones en 2023 a u$s 3150 millones en 2024. Para este año, el sector espera un mercado 40% más reducido que el de 2024, con una facturación de alrededor de u$s 2900 millones.

Esto no solo impactó en el volumen de ventas de Agrofina, en este caso, sino que también la empresa se vio obligada a vender productos a precios más bajos para cubrir sus compromisos, dada la creciente apreciación del peso y el consecuente aumento de los costos locales en dólares.

Esta noticia llega pocos días después de la sorpresiva e inesperada intimación que recibieron algunos productores de granos locales -proveedores de Los Grobo- que figuraron como garantes en un préstamo de u$s 50 millones que el gigante agropecuario contrajo en 2019.

La prestamista fue la neerlandesa Promontoria Holding 318, mientras que Los Grobo comprometió los granos que, por su alcance internacional, recibe por parte de los productores, como garantía colateral.

Al incumplirse el pago del crédito, la firma oriunda de los Países Bajos reclamó los granos, o, en su defecto, el dinero, a los productores que, en algunos casos, no habían sido notificados de su condición de garantes.

Hace poco más de una semana, además, las empresas recibieron una intimación por parte de distintas bancas privadas, que les exigían el pago de una deuda de alrededor de u$s 30 millones, resultante de un préstamo que solicitaron las firmas agrícolas para prefinanciar sus exportaciones, también en 2019.

Tanto Los Grobo, como Agrofina, informaron a mediados de enero que no podrán hacer frente a ese vencimiento, aunque, tras esta nueva intimación, aseguraron que buscarán llegar a un acuerdo con las entidades financieras.

Entre los acreedores del grupo, figuran varios bancos privados como Galicia, Santander, GGAL -antes HSBC-, Supervielle, Hipotecario, Macro e Industrial.