Molinos Agro (MOA), la firma agroindustrial de la familia Perez Companc y la autora de una de las dos propuestas —junto a la francesa LDC— que está en carrera para quedarse con Vicentin, avanza con su plan de inversión de más de u$s 70 millones en el interior mientras el futuro de la cerealera sigue sin definición.
Es que, en paralelo al proceso judicial, que en las últimas horas sumó nuevas dudas tras el dictamen de la Sindicatura sobre la validez de las mayorías del acuerdo que presentó Grassi, MOA desembolsó u$s 12 millones para ampliar su capacidad de molienda de girasol en el complejo industrial de San Lorenzo, en Santa Fe.
Esta ampliación se realizó con el objetivo de alcanzar una capacidad de molienda de girasol cercana a las 500.000 toneladas anuales. Con ese volumen, la compañía pasará a concentrar más del 10% del procesamiento de girasol a nivel nacional. En tanto, la puesta en marcha del nuevo activo está prevista para enero, en coincidencia con el inicio de la campaña 25/26, para la que ya se prevé una mayor superficie sembrada y buenas condiciones productivas.
El complejo industrial de MOA en San Lorenzo integra la molienda de oleaginosas —soja y girasol— con el Puerto San Benito, desde donde se embarca cerca del 90% de las ventas al exterior de la compañía. La planta cuenta con capacidad para procesar más de 5 millones de toneladas de soja por año y exportar 2 millones de toneladas de cereales, entre maíz y trigo.
El anuncio se realizó durante un acto en el que participaron el presidente de la compañía, Luis Pérez Companc, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a autoridades provinciales y municipales.
Durante su intervención, Pérez Companc destacó la trayectoria de la empresa en la localidad, donde comenzó a operar en 1991 con la primera línea de molienda de soja de Pecom Agra. En ese marco, señaló que la inversión buscó “compartir nuestro compromiso con la compañía y con la Argentina”, y convocó a continuar "en este camino de seguir creciendo y aprovechando las nuevas oportunidades".
La compañía emplea a más de 620 personas y facturó u$s 2660 millones en su último ejercicio. A través del Puerto San Benito, concentra cerca del 5% del comercio mundial de harina de soja y el 4% del de aceite de soja, dos de los principales complejos exportadores de la Argentina.
Vicentin: la definición que no llega
La inversión se conoció justo cuando el concurso de Vicentin volvió a ganar centralidad. Es que, tras el cierre del período para presentar adhesiones, la sindicatura del proceso advirtió que el hecho de haber llegado primero con apoyos no garantiza, por sí solo, quedarse con la empresa.
En concreto, los síndicos señalaron que el acuerdo presentado por Grassi —la otra propuesta en carrera— debe superar primero un control de legalidad sobre la validez de las mayorías alcanzadas, a partir de las impugnaciones presentadas por la alianza entre Molinos Agro y LDC y por otros acreedores.
Esto implica que, aunque Grassi haya informado las adhesiones una hora antes que MOA y LDC, ese dato no resulta determinante si se comprueba que algunos votos no pueden computarse. Según planteó la sindicatura, corresponde revisar el cómputo antes de avanzar con la homologación del acuerdo.
El dictamen dejó abierta la posibilidad de excluir a determinados acreedores cuyos votos fueron clave para alcanzar las mayorías. Si esas exclusiones prosperan, Grassi podría dejar de cumplir con los requisitos legales y el proceso debería volver a analizar la propuesta alternativa.
Además, los síndicos rechazaron la idea de que el escenario se reduzca a una disyuntiva entre homologar el acuerdo o decretar la quiebra. Por el contrario, remarcaron que existen dos oferentes en carrera y que, si cae la mayoría del primero, corresponde evaluar si el otro logró los apoyos necesarios dentro del plazo.
Por la complejidad de las objeciones, la sindicatura consideró necesario abrir una etapa de análisis adicional, con foco en el impacto económico real de la propuesta, antes de emitir una opinión definitiva sobre la homologación. Cabe destacar que Vicentin está blindada hasta el año que viene, por lo que su continuidad operativa -opera a fasón- y los puestos de los casi 1000 trabajadores que forman parte de la empresa, están garantizados. Sin embargo, la resolución del conflicto y el nuevo dueño no llegará hasta mediados del año que viene, según comentaron fuentes con conocimiento sobre el caso a El Cronista.