La Suprema Corte de Justicia de la Nación vuelve a ponerse del lado de los ciudadanos. En una resolución que promete cambiar las reglas del juego en el mercado inmobiliario, el máximo tribunal del país fijó límites claros a los propietarios que año tras año elevan la renta de forma desmedida. Una decisión histórica que llega en el momento más oportuno, cuando el acceso a una vivienda digna se convirtió en uno de los mayores desafíos económicos para la clase trabajadora. El máximo tribunal determinó que los incrementos arbitrarios e injustificados en el precio del alquiler vulneran el derecho constitucional a una vivienda digna. La resolución establece que cualquier aumento debe estar sustentado en criterios objetivos y transparentes, lo que significa que los propietarios ya no podrán fijar el precio que quieran sin ningún tipo de respaldo legal o económico que lo justifique. A partir de este fallo, los incrementos en el monto del alquiler deberán vincularse a indicadores económicos oficiales, como la inflación registrada por el INEGI o el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Los arrendatarios cuentan ahora con un respaldo judicial sin precedentes. Si un propietario intenta imponer un aumento que no corresponda a los parámetros establecidos, el inquilino tiene el derecho de impugnarlo ante un juez civil y, en casos extremos, solicitar un amparo. Además, el fallo refuerza la protección frente a los desalojos express que algunos arrendadores intentaban utilizar como mecanismo de presión para forzar renegociaciones al alza del contrato. Si tu arrendador ya te notificó un aumento que considera abusivo, el primer paso es documentarlo todo: guarda los mensajes, correos o cualquier comunicación donde se indique el monto exigido. Posteriormente, puedes acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), a las defensorías de inquilinos de tu ciudad o directamente a un abogado de oficio para iniciar el proceso legal correspondiente.