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Los comercios que cobran con tarjeta a través de agregadores de pago enfrentarán nuevas reglas sobre la forma y el momento en que reciben su dinero, de acuerdo con el proyecto de Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Redes de Medios de Disposición que pusieron a consulta pública el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
De acuerdo con un análisis de YG Consultores, publicado tras la presentación del proyecto, uno de los cambios más relevantes para los agregadores será la obligación de liquidar los fondos a sus comercios afiliados el mismo día natural en que reciban los recursos autorizados.
La propuesta forma parte de una reforma más amplia al ecosistema de pagos con tarjeta, que también contempla límites a las cuotas de intercambio que reciben los emisores y nuevas condiciones para promover la interoperabilidad entre las distintas redes.
Agregadores deberán separar el dinero de los comercios
El proyecto establece que los agregadores deberán mantener cuentas bancarias independientes para la liquidación de los fondos de los comercios, de acuerdo con YG Consultores.
Además, no podrán condicionar o retener la liquidación de los recursos para obligar al establecimiento a contratar otros servicios o abrir una cuenta bancaria específica.
Con estas medidas, los agregadores tendrán que ajustar sus procesos para garantizar que los recursos correspondientes a las operaciones con tarjeta sean administrados y entregados bajo las nuevas condiciones.
Se acaba la subagregación
Otro de los cambios señalados por YG Consultores es la prohibición de la subagregación. La propuesta establece que un agregador no podrá prestar servicios a otro agregador para que este, a su vez, ofrezca aceptación de pagos con tarjeta a los comercios.
Esto obligaría a las empresas que actualmente operan bajo este modelo a revisar sus estructuras y contratos para determinar los ajustes necesarios en caso de que las disposiciones sean aprobadas en los términos planteados.
El otro frente: topes a las cuotas de intercambio
Más allá de las reglas para los agregadores, uno de los cambios con mayor impacto económico está en las cuotas de intercambio, los cobros que recibe el emisor de una tarjeta cuando sus clientes realizan una compra.
El proyecto establece que, una vez concluida la transición, las tarjetas de débito y otros medios de disposición no ligados a crédito tendrán un límite de MXN$10.80 por operación, mientras que el cobro acumulado durante 12 meses no podrá superar 0.30% del monto total operado.
Para las tarjetas de crédito, el límite será de 1.30% del monto de cada operación, con un máximo acumulado de 1% del monto total operado en un periodo de 12 meses.
La aplicación de estos topes será gradual y contempla una transición de hasta 36 meses, por lo que el ajuste para los emisores no será inmediato.
El cambio puede presionar una fuente de ingresos para bancos y otras instituciones que emiten tarjetas, mientras que los comercios y adquirentes podrían beneficiarse de menores costos asociados con la aceptación de pagos con tarjeta.
Buscan mayor competencia entre redes
El proyecto también plantea nuevas reglas de interoperabilidad para que emisores y adquirentes procesen operaciones independientemente de la cámara de compensación de origen.
Asimismo, las cuotas de intercambio ya no podrán diferenciarse únicamente por el tipo de negocio, sino que deberán estar relacionadas con costos reales y comprobables vinculados con factores como el riesgo operativo y tecnológico y las tecnologías utilizadas para prestar los servicios.
Para los titulares de marca, además, se plantean restricciones para evitar que cobren comisiones diferenciadas dependiendo de si una operación es procesada por una cámara propia o ajena, así como penalizaciones por no alcanzar determinados volúmenes.
En conjunto, la propuesta de Banxico y la CNBV modifica dos piezas centrales del negocio de pagos con tarjeta: cuánto cuesta procesar una operación y cuándo recibe el comercio el dinero de esa venta.
Para los agregadores, el cambio implica mayores obligaciones operativas y de transparencia; para los emisores, una reducción gradual de las cuotas de intercambio; y para los comercios, la posibilidad de recibir sus recursos con mayor rapidez y enfrentar menores costos de aceptación si los nuevos límites terminan trasladándose a las comisiones finales.