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El aumento de casos de despojo, invasión de propiedades, ventas fraudulentas y falsificación de documentos inmobiliarios en México ya representa una amenaza para el patrimonio de las familias, advirtió Lesly Fernanda Valencia González, socia fundadora de Valencia & Asociados Abogados Penalistas, quien señaló que estos delitos dejaron de ser hechos aislados y comenzaron a operar mediante esquemas organizados en distintas entidades del país.
“Estamos ante una epidemia de delitos patrimoniales que destruye familias y arruina inversiones de años. Lo que muchas víctimas no saben es que detrás de un contrato apócrifo, una invasión o una venta fraudulenta hay delitos graves con penas de prisión”, explicó.
Los casos se han registrado principalmente en entidades como Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Quintana Roo, donde propietarios con años de posesión, compradores de buena fe e inversionistas han enfrentado disputas por inmuebles adquiridos o conservados bajo esquemas que posteriormente resultaron fraudulentos.
De acuerdo con Valencia González, los grupos involucrados han sofisticado sus métodos: identifican inmuebles vulnerables, falsifican documentación, suplantan identidades ante autoridades registrales y comercializan propiedades sin autorización de sus legítimos dueños.
¿Cuándo un problema inmobiliario puede convertirse en delito?
Uno de los principales retos, explicó la especialista, es que muchas víctimas enfrentan estos casos como conflictos civiles, cuando las conductas pueden constituir delitos con consecuencias penales.
El despojo, contemplado en el artículo 395 del Código Penal Federal, se configura cuando una persona es privada de la posesión de un inmueble mediante fuerza, engaño o abuso de derecho. Las sanciones pueden alcanzar hasta cinco años de prisión y aumentar cuando existen condiciones de vulnerabilidad.
El fraude inmobiliario, previsto en el artículo 386, incluye prácticas como la venta del mismo inmueble a distintos compradores, la comercialización de propiedades ajenas sin facultades legales o la creación de gravámenes ficticios sobre bienes.
A estos esquemas se suma la falsificación de documentos públicos o privados, prevista en el artículo 243, utilizada para elaborar escrituras, poderes notariales o actas apócrifas con el objetivo de dar apariencia legal a operaciones fraudulentas.
Cuando estas acciones son realizadas por grupos de tres o más personas que actúan de manera coordinada y permanente, también puede configurarse el delito de asociación delictuosa, lo que amplía las líneas de investigación y las sanciones.
Señales de alerta para compradores y propietarios
Entre los principales indicios de un posible fraude inmobiliario están inconsistencias en firmas, sellos o fechas de documentos; presión para concretar operaciones fuera de notaría; cambios registrales sin consentimiento del propietario; reclamaciones de terceros sobre derechos desconocidos, así como la aparición de adeudos o gravámenes no reconocidos.
Los especialistas recomiendan revisar la documentación antes de concretar cualquier operación y verificar que los inmuebles estén correctamente inscritos ante el Registro Público de la Propiedad.
“Esperar o limitarse a la vía civil cuando el daño ya ocurrió puede costar la propiedad para siempre. La acción penal oportuna no sólo persigue justicia: es, en muchos casos, el único mecanismo real para recuperar lo que les fue arrebatado”, afirmó Valencia González.
Ante cualquier indicio de irregularidad, la recomendación es presentar una denuncia penal ante la fiscalía correspondiente para activar investigaciones y buscar medidas que permitan proteger el inmueble antes de que el daño sea irreversible.