Durante décadas, la tradición dictó que el apellido paterno debía ir primero en el acta de nacimiento, dejando el apellido materno en segundo plano. Sin embargo, en 2022 ocurrió un cambio histórico: la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la imposición obligatoria del apellido paterno como primero. Esta práctica, sostenida por la Ley del Registro Civil, reflejaba una estructura patriarcal que invisibilizaba el papel de las madres en la construcción de la identidad familiar. Pero el fallo de la Corte abrió la puerta a que las familias elijan libremente el orden de los apellidos de sus hijos. El 10 de octubre de 2022, en el municipio de Alfajayucan, Hidalgo, una pareja decidió registrar a su hija colocando primero el apellido materno en el acta de nacimiento. Este acto representó la primera vez en la historia del municipio que una familia desafiaba abiertamente la norma no escrita que dictaba que el apellido del padre debía preceder al de la madre. El Ayuntamiento de Alfajayucan celebró el acontecimiento como un avance en la búsqueda de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en el ámbito familiar. Lo que hizo esa familia era, en rigor, un derecho reconocido desde 2015, cuando se reformó el Código Civil estatal. Sin embargo, pocas familias conocían esta posibilidad o se atrevían a ejercerla, ya sea por desconocimiento o por presión social. El precedente de Alfajayucan, respaldado luego por la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte, marcó un punto de inflexión en la discusión sobre identidad, género y derechos en México. Inspirada por ese precedente, la diputada local de Morena en Puebla, Graciela Palomares Ramírez, presentó en abril de 2025 una iniciativa para reformar el Código Civil del estado. La legisladora calificó la tradición actual como “discriminatoria” y señaló que, aunque en algunas entidades ya existe la opción de elegir el orden de los apellidos, son muy pocas las familias que ejercen este derecho. La propuesta va más allá de garantizar la libre elección: plantea que, en caso de que los padres no lleguen a un acuerdo sobre cuál apellido debe ir primero, el Registro Civil dé prioridad automática al apellido materno. Esta medida invertiría completamente la tradición histórica que por defecto siempre favoreció al apellido paterno cuando no había consenso entre los progenitores. “Es momento de romper con prácticas que invisibilizan a las madres. Esta reforma es un paso hacia la igualdad real y el reconocimiento de los derechos de las mujeres”, afirmó Palomares Ramírez. La iniciativa coloca a Puebla en el centro del debate nacional sobre identidad y equidad de género dentro del ámbito familiar y legal.