La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que los viajes al extranjero de los funcionarios públicos deberán contar, a partir de ahora, con la autorización directa de Claudia Sheinbaum. La medida se inscribe dentro de un paquete más amplio de disposiciones promovidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, orientado a fortalecer la disciplina presupuestal en todas las dependencias de la Administración Pública Federal. El objetivo central es garantizar un uso más eficiente y transparente de los recursos públicos, especialmente en rubros como viáticos, pasajes y representación oficial en el exterior. A partir de este ejercicio fiscal, cualquier servidor público que deba salir del país en comisión tendrá que contar con el visto bueno expreso de la titular del Poder Ejecutivo. La disposición aplica para pasajes, viáticos y cualquier gasto asociado al traslado internacional, incluso en actividades oficiales o estratégicas. La intención es limitar gastos discrecionales y garantizar que cada salida esté plenamente justificada en términos presupuestales. La nueva política también endurece el control sobre los recursos humanos. Las plazas eventuales y por honorarios que quedaron vacantes al cierre de 2025 se extinguen de manera definitiva. Si una dependencia requiere cubrir un puesto en 2026, deberá justificar la necesidad desde cero y mantener la vacante al menos 30 días antes de volver a ocuparla. La medida busca frenar el crecimiento de la nómina y mantener el gasto contenido. La contratación de despachos externos —servicios legales, auditorías, consultorías administrativas o técnicas, ingeniería y capacitación— ya no podrá realizarse de manera directa por las dependencias. Cada procedimiento requerirá una validación presupuestaria previa de Hacienda. Sin ese aval, no podrá iniciarse ningún contrato, lo que coloca un nuevo filtro al gasto operativo. El ajuste también fija límites claros al gasto en rubros como renta de vehículos, oficinas, energía eléctrica y servicios profesionales. En términos reales, no podrán superar lo ejercido en 2025, salvo ajustes inflacionarios. Además, todas las contrataciones deberán concretarse antes del 30 de junio de 2026. Después de esa fecha no se podrán registrar nuevos compromisos ni solicitar ampliaciones presupuestales, incluso si existen recursos sin ejercer.