Uno de los líderes del narcotráfico mexicano que ayudó a moldear el tráfico ilegal moderno de drogas y que aceptó uno de los mayores decomisos criminales en la historia judicial de Estados Unidos será sentenciado este lunes (20 de julio) a cadena perpetua.
Ismael “El Mayo” Zambada, quien cofundó el Cártel de Sinaloa a finales de la década de 1980 junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán, aceptó entregar hasta u$s 15,000 millones, una cifra calculada con base en los ingresos del cártel durante más de tres décadas.
Figura casi mítica en México, donde rara vez buscó los reflectores, Zambada, de 76 años, era considerado el estratega encargado de supervisar la red de sobornos de la organización, mediante pagos a políticos y mandos militares para facilitar el traslado de cocaína, heroína y otras drogas hacia Estados Unidos.
El año pasado se declaró culpable de dirigir una empresa criminal y de conspiración para delinquir bajo la ley RICO, como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses.
Durante décadas fue “uno de los narcotraficantes más prolíficos y poderosos del mundo, si no el más prolífico y poderoso”, señalaron fiscales federales de Brooklyn en un documento presentado antes de la audiencia de sentencia. Bajo el liderazgo de Zambada, afirmaron, el cártel distribuyó al menos 1.5 millones de kilogramos de cocaína y amplió sus operaciones hacia el tráfico de heroína y fentanilo.
“Sería difícil exagerar la magnitud de los crímenes del acusado y la escala de la corrupción, la violencia y otros daños que propagó en México, Estados Unidos y el resto del mundo”, señalaron los fiscales.
También aseguraron que el personal armado de Zambada cometió “asesinatos y secuestros atroces” y que su organización fue pionera en “nuevas técnicas de distribución”, como el uso de trenes y túneles entre México y Estados Unidos para transportar drogas.
Su secuestro en 2024 y traslado a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, hijo de su antiguo socio, detonó una guerra interna en el Cártel de Sinaloa que ha dejado miles de muertos.
Es poco probable que el gobierno estadounidense logre recuperar la totalidad de los 15,000 millones de dólares del decomiso, que representa el monto máximo que los fiscales podían reclamar sobre los bienes de Zambada. Frank Pérez, abogado del capo, dijo al Financial Times que se trata de “la cifra de decomiso más grande de la que he escuchado”.
“En un caso como éste, desde luego se habla de una cifra enorme, pero hasta que encuentren los activos no deja de ser sólo un número”, dijo al Financial Times Stefan Cassella, exespecialista del gobierno federal estadounidense en decomiso de bienes. Los recursos recuperados pueden destinarse a indemnizar víctimas y financiar parte de las labores de procuración de justicia.
La cifra se encuentra entre las más elevadas en la historia penal de Estados Unidos, aunque queda muy por debajo de la orden de decomiso por u$s 171,000 millones impuesta al financiero Bernard Madoff.
De acuerdo con cálculos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los grupos del narcotráfico mexicano generan más de u$s 12,000 millones al año únicamente por el tráfico de heroína, metanfetaminas y cocaína.
Criado en comunidades agrícolas pobres de la sierra de Sinaloa, Zambada pertenece a un grupo cada vez más reducido de viejos jefes del narcotráfico. Se incorporó al negocio a finales de los años sesenta cultivando marihuana y fue ascendiendo hasta convertirse en un líder del tráfico de drogas a escala local e internacional. Desde 2009 ha sido acusado en 16 ocasiones ante tribunales estadounidenses.
Ray Donovan, exjefe de operaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y quien también encabezó los esfuerzos para capturar a Guzmán, afirmó que Zambada era el estratega del liderazgo del Cártel de Sinaloa.
“El Chapo era más fuerza; Mayo era más cerebro”, dijo.
El negocio del narcotráfico ha cambiado de forma radical desde los inicios de Zambada. Hoy, las organizaciones criminales se concentran en las drogas sintéticas y en la gestión de precursores químicos provenientes de China e India. El opioide sintético fentanilo ha causado la muerte de cientos de miles de estadounidenses y se ha convertido en una de las principales causas de fallecimiento entre los jóvenes.
El presidente Donald Trump designó a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, ampliando las facultades del gobierno estadounidense para desmantelar estas organizaciones y perseguir a los funcionarios que colaboren con ellas. Analistas mexicanos han planteado la posibilidad de que tanto los hijos de Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”, como Zambada proporcionen información comprometedora sobre funcionarios actualmente en funciones.
Los abogados de Zambada sostuvieron que éste “no brindó asistencia sustancial”, pero “ha buscado cooperar y mostrarse dispuesto a colaborar durante todo este proceso en la mayor medida de sus posibilidades”.
Su defensa también lo presentó como una figura más razonable que su antiguo socio Guzmán, al destacar que se declaró culpable, no presentó mociones previas al juicio y evitó “uno de los procesos federales más complejos de la historia”.
En un documento presentado antes de la audiencia, sus abogados señalaron que Zambada “acepta” que su declaración de culpabilidad implica una sentencia obligatoria de cadena perpetua. También indicaron que enfrenta “un conjunto de problemas de salud relacionados con su edad” y solicitaron que sea enviado a un centro penitenciario con instalaciones médicas adecuadas.
Asimismo, pidieron que no sea recluido en “la misma prisión Supermax draconiana” donde cumple condena Guzmán, ya que, a diferencia de su cofundador del Cártel de Sinaloa, se ha comportado “como nuestro sistema busca incentivar que actúen los acusados” desde su llegada a Estados Unidos en 2024.
Desde entonces, el estado de Sinaloa ha registrado más de 3,552 muertes violentas y 4,153 personas desaparecidas, de acuerdo con el diario local Noroeste.
El gobierno de Estados Unidos ha sostenido que no “indujo ni avaló” el secuestro de Zambada por parte de Guzmán. Sin embargo, el gobierno mexicano investiga si Washington mintió sobre su participación en esos hechos.
Las autoridades mexicanas admitieron este mes que el piloto que trasladó a Zambada a través de la frontera fue entregado inadvertidamente a las autoridades estadounidenses como parte de un traslado de presos diseñado para demostrar cooperación con la administración Trump.