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México es reconocido a nivel mundial por su vasta riqueza arqueológica, cultural y patrimonial y una parte de esa popularidad es gracias al esfuerzo de diversas instituciones por preservar este legado.
La presencia de 35 Patrimonios de la Humanidad lo convierte en el país americano con mayor número de distinciones de este tipo, lo que implica una gran responsabilidad para la conservación de estas importantes reliquias. Sin embargo, algunas acciones aparentemente inofensivas pueden resultar en fuertes sanciones económicas y penales.
Multas por alterar una zona arqueológica en México
La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Históricas y Artísticas establece castigos severos para quienes atenten contra el patrimonio cultural. El Artículo 52 de dicha ley especifica que cualquier persona que dañe, modifique o destruya monumentos o zonas arqueológicas, históricas o artísticas puede ser castigada con penas que van desde los tres hasta los diez años de prisión, además de una multa económica proporcional al valor del daño ocasionado.
Entre las conductas consideradas sancionables se encuentra el deterioro físico de monumentos, la alteración de estructuras prehispánicas y la destrucción parcial o total de zonas protegidas. También se penaliza el apoderamiento ilegal de piezas históricas y la comercialización de objetos arqueológicos, lo cual constituye una forma de tráfico ilícito de bienes culturales.
Estas disposiciones legales no son meramente simbólicas. En los últimos años, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha documentado diversos casos en los que personas han sido sancionadas por intervenir indebidamente en sitios arqueológicos, resaltando la importancia de un comportamiento responsable ante estos espacios de valor inestimable.
Sanción económica por subir sin permiso a una pirámide
Acceder a estructuras restringidas dentro de zonas arqueológicas también es motivo de sanción en México. Subir a pirámides como las de Chichén Itzá, Teotihuacán o Uxmal, sin autorización expresa, puede derivar en multas que van de los 5,000 a los 50,000 pesos, según lo estipula el Artículo 55 de la misma Ley Federal.
Estas medidas fueron implementadas por el INAH como parte de una estrategia para evitar el desgaste físico de los monumentos. Algunas pirámides presentan un nivel de fragilidad que se ve agravado por la alta afluencia de turistas. Por ello, se han colocado señalizaciones que prohíben el ascenso, mismas que deben ser respetadas para evitar consecuencias legales.
Cabe destacar que estas sanciones aplican tanto a visitantes nacionales como extranjeros. En algunos casos, la falta de respeto a las normas también puede derivar en restricciones de ingreso a futuras zonas arqueológicas o en procedimientos judiciales si el daño causado es significativo.