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La deuda por cuota alimentaria es una de las pocas excepciones que contempla la ley laboral argentina para embargar un sueldo.
Así lo establece el artículo 120 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744), que en general protege el salario mínimo, vital y móvil de cualquier tipo de embargo.
Sin embargo, cuando la deuda es por alimentos, esa protección cae. En este caso, el descuento se aplica directamente en el recibo de sueldo, sin importar si el salario es igual o menor al mínimo vital.
Qué dice la ley y cuánto se puede retener
El respaldo legal está en el artículo 147 de la Ley 20.744, reglamentado por el Decreto 484/87. La norma habilita el embargo por cuotas fijadas judicialmente, ya sea por alimentos o por litis expensas.
El monto a retener no es fijo: lo determina un juez en cada caso, dentro de límites que garanticen la subsistencia del alimentante. Puede tratarse de:
- Un porcentaje del sueldo, que suele rondar entre el 20% y el 50% según el caso.
- Una suma fija mensual establecida por el juzgado.
- Una combinación de ambas modalidades.
El empleador está obligado a retener y depositar el monto en la cuenta que indique el oficio judicial. No hacerlo puede generarle responsabilidad solidaria por la deuda.
Qué otras consecuencias trae la deuda alimentaria
El embargo de sueldo no es la única herramienta que existe para garantizar el pago. La Justicia también puede ordenar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, que restringe trámites como sacar o renovar el pasaporte, obtener créditos o registrar la titularidad de bienes.
En este contexto, en los últimos meses tomó estado público el caso de un futbolista Éver Banega al que la Justicia le prohibió la salida del país por mantener deudas de cuota alimentaria, una medida que se suma al embargo como forma de presión ante el incumplimiento.
En conclusión, la cuota alimentaria impaga habilita mecanismos que van desde el descuento directo en el sueldo hasta restricciones migratorias. Consultar con un abogado de familia es clave tanto para quien reclama como para quien debe pagar, ya que cada situación se resuelve según lo que determine el juzgado interviniente.