Desde el momento en que los efectos de la crisis financiera comenzaron a advertirse, gestándose una recesión económica en prácticamente todos los países que componen la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), sus gobiernos han estado vertiendo grandes sumas de dinero en el sistema bancario y en la economía real como nunca antes se había visto.

Llamativamente, los paquetes fiscales han sido implementados con independencia de la situación presupuestaria del país; en efecto, aún en presencia de déficit fiscal, muchos países se han volcado por esta alternativa.

Es por ello que los temas que más figuran en la agenda económica de los países de mayor desarrollo son, cómo y cuándo deben abandonarse los planes de estímulo y, cómo reducir el elevado déficit fiscal, sin generar una nueva caída de la actividad económica.

En los Estados Unidos la tasa de desempleo está actualmente en el orden del 10%, nivel bastante elevado para este país. La situación en algunas de las potencias europeas no es muy diferente. En este contexto y motivados por cuestiones políticas, han surgido proyectos legislativos en materia fiscal que tienen como destinatarios exclusivos a las entidades financieras y a sus principales directivos.

Dentro del paquete de medidas adoptadas para hacer frente a la crisis, en 2008 el Gobierno de los Estados Unidos lanzó el denominado Programa de Alivio de Activos en Problemas (Troubled Asset Relief Program o TARP), a través del cual se distribuyeron aproximadamente u$s 700 mil millones en más de 600 bancos.

A pesar de los pronósticos pesimistas, durante el transcurso del año pasado muchas entidades financieras tuvieron resultados satisfactorios y comenzaron a devolver los aportes efectuados por el Estado.

En enero pasado, el presidente Obama anunció la creación de un nuevo impuesto que, de ser aprobado por el Congreso, recaerá sobre los bancos y entidades financieras más importantes.

Al establecer el gravamen, el presidente envió un claro mensaje sobre la responsabilidad por las pérdidas del rescate financiero, que el Gobierno estima en u$s 117 mil millones. “Queremos recuperar nuestro dinero, y vamos a ir a obtenerlo , dijo Obama y agregó que “si estas compañías están en tan buen estado como para afrontar bonos masivos, ellas están seguramente en buen estado para devolverle cada centavo a los contribuyentes .

El impuesto que se pretende introducir consiste en un fee anual del 0,15% sobre el total del pasivo de los bancos, compañías de seguro y otras entidades financieras que tengan al menos u$s 50 mil millones de activos. Los depósitos domésticos son excluidos de la base imponible.

El nuevo impuesto, que comenzaría a aplicarse a partir del próximo 30 de junio de 2010, permitiría generar cerca de u$s 9 mil millones por año durante diez años, permitiendo recuperar parte de las pérdidas del programa TARP y por ende reducir el cuantioso déficit fiscal federal.

El Gobierno pretende que la medida genere réditos políticos para la Casa Blanca, un deseo evidente en el nombre que se le diera al gravamen propuesto (the Financial Crisis Responsability Fee).

El titular del Tesoro del Reino Unido, Alistair Darling, anunció en diciembre del año pasado un impuesto por única vez sobre los bonos pagados a ejecutivos bancarios. Según el relato del funcionario ante el Parlamento, el impuesto que se propicia surgirá de aplicar la tasa del 50% sobre los bonos que superen la suma de 25.000 libras (aproximadamente u$s 40.500), estimándose que su recaudación alcanzará la suma de u$s 890 millones, permitiendo así reducir el crecimiento del déficit público.

La iniciativa está claramente diseñada para ser altamente efectiva en términos políticos. Sin embargo, es difícil esperar que la medida ponga fin a la cultura de bonos tal como la conocemos.

Luego de efectuarse este anuncio, otros países desarrollados comenzaron también a evaluar la posibilidad de introducir un impuesto similar, siendo el gobierno de Francia el que se mostró más receptivo.