El presidente Néstor Kirchner decidió guardarse hasta último momento el texto del proyecto de ley de riesgos del trabajo que presentará ante el Congreso durante este mes. Con ese fin, y para desesperación de los empresarios, la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) sólo obtuvo un adelanto de los lineamientos generales de la iniciativa de parte del ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Esa fue de momento la única concesión que hizo el Gobierno a la central fabril, que pretendía mantener una reunión con Tomada antes del envío del texto definitivo.

Fuentes de la UIA comentaron que Tomada habló esta semana con el presidente de la entidad patronal, Héctor Méndez, para asegurarle que el proyecto contenía varias de las modificaciones que los industriales habían pedido a principios de año. La cúpula de la organización y la cartera laboral buscaron desmentir la charla, pero El Cronista pudo saber que la explicación del ministro no fue suficiente.

Si bien Trabajo introdujo en el proyecto unas 40 modificaciones de las más de 60 que planteó la UIA, los industriales dijeron no saber qué objeciones se tuvieron en cuenta. En concreto, les preocupa que se mantenga en el proyecto definitivo la integración mixta de los comités de higiene y seguridad, con la participación de delegados sindicales, y que siga vigente la dispersión de jurisdicciones para los juicios laborales. Sobre el primer punto, los empresarios temen que la injerencia de los sindicatos desemboque en una cogestión, y respecto de las jurisdicciones argumentan que no centralizar las demandas provocará gran disparidad entre las sentencias de los jueces.

En la UIA el avance del proyecto generó reacciones opuestas. Por un lado, los empresarios saben que se limitará la denominada doble vía, que habilita a cobrar el seguro tarifado de las ART y luego realizar una demanda civil, lo que pondrá fin al estado actual de incertidumbre. Pero por otro, suponen que si se aprueba el borrador que elaboró Trabajo subirán los costos (del 2% actual hasta 3,5%) hasta límites difíciles de soportar, en particular para las pymes.

Por lo tanto, decidieron insistir hasta último momento en pedir una audiencia entre Tomada, Méndez y el abogado Daniel Funes de Rioja, asesor legal de la entidad. Y por otro lado, acelerar los contactos con diputados para trabar la iniciativa durante su tratamiento parlamentario. La presentación del proyecto está pendiente desde fines de 2004, cuando el sistema entró en crisis a partir de dos fallos de inconstitucionalidad dictados por la Corte Suprema.