Al enviar el proyecto para hacer permanentes los superpoderes del Jefe de Gabinete, el Presidente vuelve a atropellar al Congreso en sus funciones más importantes, como es la de aprobar y controlar el destino del dinero de todos los argentinos.
Para ayudar a entender lo que en verdad significa, como Diputado Nacional tengo la obligación de informar a los ciudadanos lo que ha hecho este Gobierno con los superpoderes durante el 2005, un año electoral.
Vayamos a lo concreto. En el 2005, se pasaron $ 470 millones de inversiones a gastos, se cambió la finalidad del gasto en $ 450 millones y se redujo el superávit en $ 1500 millones para poder gastarlos a discreción, sin debate en el Congreso.
Estos cambios tuvieron por detrás la clara intencionalidad de utilizar los fondos públicos con fines electorales o de privilegios injustificados. El distrito que recibió más fondos que los presupuestados originalmente fue la provincia de Buenos Aires, territorio electoral donde compitió la Primera Dama, que se benefició con $ 952 millones de más.
Sin embargo, la provincia que más se benefició con las reasignaciones presupuestarias –en términos relativos– fue Santa Cruz, que vio incrementado su presupuesto en un 41% ($ 313 millones).
En cuanto a la distribución de obra pública, Santa Cruz lidera el ránking con
$ 265 millones de incremento. El apoyo del Presidente al gobernador Maza significó que La Rioja aumentara en más del 100% su gasto en obra pública, alimentando lo que hoy es su proceso de reelección. Por el contrario, Córdoba y Salta vieron reducidos sus presupuestos originales en
$ 117 millones y $ 20 millones respectivamente. Mientras que Neuquén mantuvo el mismo presupuesto. Todas éstas por tener un proyecto político no del todo funcional al poder hegemónico reinante.
Las cifras hablan por sí solas. La emergencia económica sin límite de tiempo debe interpretarse como la habilitación para un manejo clientelístico de los fondos públicos en obvia preparación del nuevo calendario electoral que se avecina.
Los superpoderes no pueden ser para siempre. En su momento fueron justificados por una emergencia económica, pero esas causas han desaparecido, y tenemos que hacer el contrapeso necesario para que el argumento de la agilidad administrativa no se traduzca en la desaparición de las atribuciones constitucionales del Congreso. Por ello, hemos propuesto la creación de una Oficina de Seguimiento del Presupuesto, con el objetivo de fortalecer al Congreso en este proceso.
No hay duda de que se intentó esconder este debate tras la euforia mundialista. Lamentablemente nos tocó perder en el fútbol. No permitamos que también empecemos a perder la República.