Los gobiernos del mundo se están convirtiendo en los principales accionistas de sus instituciones financieras. Es probable que el gobierno británico, que posee dos entidades de préstamos hipotecarios –Bradford & Bingley y Northern Rock–, adquiera pronto la mayor parte del capital del Royal Bank of Scotland, y que se convierta en el mayor accionista en la unión de HBOS/Lloyds TSB. El gobierno estadounidense tiene una participación dominante en AIG, una de las principales aseguradoras del mundo, y pronto tendrá una participación similar en Citigroup, convirtiéndola en la mayor institución financiera. Fortis y ABN Amro pertenecen a los gobiernos del Benelux. Y continúan los ejemplos.

Las instituciones financieras nacionalizadas a menudo son negocios mal dirigidos que no atienden bien ni a sus dueños ni a sus clientes. Sin embargo, la experiencia reciente indica que las instituciones financieras privadas con frecuencia son empresas mal administradas que no brindan buenos servicios a sus dueños ni a sus clientes. Uno podría argumentar que las entidades privadas trataron mejor a sus clientes que a sus dueños, mientras que las estatales favorecieron a sus dueños más que a sus clientes. Estas son las contradicciones inherentes al capitalismo, como hubiese dicho Marx.

El gobierno británico cuenta, quizás, con la estrategia más clara. Ha establecido una organización denominada UK Financial Investments (UKFI). El objetivo es que UKFI actúe como un accionista relativamente pasivo, con vistas a una rápida venta. UKFI se creó tomando como modelo al Shareholder Executive, formado hace 5 años para administrar las acciones que tenía el gobierno en otras empresas. Los informes elaborados por este organismo se parecen a los que las firmas de private equity preparan para sus inversores.

Pero esta respuesta no es adecuada. Los problemas son evidentes en los informes desarrollados por el Shareholder Executive. El gobierno posee empresas como Royal Mail y Nuclear Decommissioning Authority por alguna razón. El fundamento lógico de la propiedad estatal es que existe un fuerte interés público, no sólo en los rendimientos financieros de estas actividades, sino en lo que estas empresas hacen y la manera en la que funcionan. El gobierno no puede ni debería conducirse como si fuera un propietario por medio de un fondo de private equity.

Esto no significa que el Shareholder Executive sea una mala idea. Los funcionarios del gobierno a menudo no están preparados para desempeñarse como los profesionales que trabajan para las firmas de private equity y oficiales de banca de inversión. Necesitan mayor experiencia.

Lo mismo ocurre con los bancos. El gobierno recapitaliza bancos porque cumplen una función pública vital en el sistema de pagos y en la financiación a pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, el principal propósito de la inversión no es garantizar que al contribuyente le devuelvan su dinero, sino que esas operaciones ordinarias de los bancos funcionen bien.