En la mañana de ayer, el presidente Néstor Kirchner y el todavía jefe de la Policía Federal, Eduardo Prados, no se ponían de acuerdo sobre cómo iba a ser el operativo para custodiar la Legislatura porteña ante la marcha convocada por las organizaciones piqueteras duras. Prados quería que la tercera línea de policías, formada por la Guardia de Infantería, estuviera equipada con armas de fuego. Kirchner se negaba, quería que no hubiera ningún efectivo con armas letales en la calle. “Y, ante la diversidad de criterios, debe primar el criterio del Presidente de la Nación , concluyó el ministro de Justicia, Gustavo Beliz. Así explicó el Gobierno el despido de Prados de su cargo, anunciado anoche: una diferencia de opiniones sobre cómo iba a montar la Policía Federal, por primera vez desde la asunción de Kirchner, un operativo de prevención frente a una movilización piquetera, quebrando la tendencia oficial de dejar a los manifestantes libertad total de acción. El operativo, de gran envergadura, con más de 800 policías cerrando el paso de los piqueteros a cien metros de la Legislatura, fue finalmente un éxito: el paso de las más de 6.000 personas que coparon el microcentro produjeron un fenomenal caos de tránsito, pero no se registraron incidentes.

Prados, un especialista en policía comunitaria y considerado un hombre de escritorio, con poca experiencia en la lucha directa contra el delito, había llegado al cargo en octubre pasado en reemplazo de Roberto Giacomino, despedido por el Gobierno después de comprobarse que familiares suyos participaban de empresas contratistas de la policía. El sucesor de Prados será el que hasta ahora era su segundo, Norberto Vallecca, quien ya fue el encargado de dirigir el operativo de ayer. Lo acompañará quien hasta ahora ocupaba el tercer lugar del escalafón policial, Jorge Oriolo.

Prados, que durante los primeros meses de su gestión mantuvo un bajísimo perfil –para enfatizar su personalidad técnica, basada en la transparencia y la honestidad–, no pudo en las últimas semanas evitar entrar en el huracán de la política. Primero fue su participación en la toma de la comisaría de La Boca por parte de Luis D’Elía. El ex jefe de la Policía Federal pasó buena parte de la madrugada allí, negociando con el líder de la FTV y siguiendo las órdenes del Gobierno. Es uno de los acusados por la jueza Crotto de haber desobedecido sus órdenes de desalojar la comisaría (también estuvo en La Boca, aquella noche, Vallecca, el nuevo jefe de la Federal). La semana pasada, Prados fue desautorizado por el Gobierno durante los violentos sucesos frente a la Legislatura: sacó a la calle, al principio de la batahola, a un pequeño grupo de comandos que poco después, sin explicaciones, volvió a refugiarse dentro del edificio comunal. Finalmente quedó atrapado entre el Gobierno nacional y el porteño: mientras el primero consideró un éxito el que no se hayan producido muertes, Aníbal Ibarra reprochó públicamente la inacción policial. Su situación se complicó aún más esta semana, con el papelón oficial sobre los supuestos casetes de la AMIA: Prados fue citado a declarar por el juez Bonadío para que explique lo que sabe.

Beliz confirmó el despido de Prados en una tensa conferencia junto al vicepresidente Daniel Scioli y que estuvo impregnada por los fuertes rumores sobre la renuncia del secretario de Seguridad Interior, Norberto Quantin, e incluso la del propio Beliz. Ambas fueron desmentidas por el ministro.