La presidenta Cristina Fernández firmará hoy y enviará al Congreso el proyecto de ley que establece el fin del régimen previsional de capitalización y la estatización de todas las jubilaciones. La decisión de eliminar el sistema de jubilación privada que rige desde 1994 fue argumentada por el Gobierno en la abrupta caída de la rentabilidad de los fondos administrados por las AFJP como consecuencia de la crisis financiera internacional, situación que en la opinión oficial pone en riesgo los aportes de quienes hasta ahora habían optado por ese régimen.

La reforma prevé que todos los fondos aportados por los trabajadores durante los 14 años de vigencia del régimen de capitalización –se calculan en $ 94.000 millones– serán transferidos en forma automática al Fondo de Garantía de la Seguridad Social, que administra la ANSeS, cuando se sancione la ley propuesta por el Ejecutivo. A partir de allí, el Estado reconocerá esas contribuciones en base al criterio que rige el régimen de reparto: así las futuras jubilaciones de quienes estaban afiliados al sistema privado también se computarán teniendo en cuenta los sueldos promedio actualizados de los últimos 10 años de aportes a razón de 1,5% por cada año de aporte.

La iniciativa oficial, según adelantaron voceros gubernamentales a El Cronista, establece además que para el cálculo del futuro beneficio el Estado pondrá “en igualdad de condiciones a quienes aportaron al régimen de capitalización como al sistema público. De esa manera, para la totalidad de las jubilaciones se tomará como base un aporte constante equivalente al 11% del sueldo mensual, pese a que hasta enero pasado, cuando se igualaron con los del régimen estatal, los aportes a las AFJP eran solo del 7% de la masa salarial. “Con esto la gente que estaba en capitalización va a recibir más de lo que tenía acumulado en su cuenta personal y la jubilación que resultará emergente será mayor , explicó un funcionario del Gobierno. Y agregó: “Se computará como si siempre hubiesen aportado el 11% del sistema de reparto .

Anoche, en el Ejecutivo definían contra reloj uno de los últimos puntos claves de la reforma: el futuro rol de las AFJP. En ese sentido, la propuesta de mayor consenso planteaba la posibilidad de que que continuarán operando como administradoras de fondos voluntarios, en una especie de seguro de retiro. Otras voces, en cambio, consideraban abiertamente su desaparición.

El Gobierno justificó la necesidad de volver a un sistema único público con el argumento de que los fondos de los 5 millones de trabajadores que aportaban al régimen de capitalización registraron en los últimos meses una caída del 20% a raíz de la crisis financiera que afectó sensiblemente la rentabilidad de las inversiones realizadas por las AFJP. Además, desde la administración kirchnerista consideran que las pérdidas son “aún mayores debido a que los fondos fueron invertidos en títulos públicos (en forma obligtatoria) que aparecen expresados en las cuentas de capitalización a valor técnico, cuando su precio real de mercado es mucho menor. “Hoy ya estamos destinando $ 4.500 millones para financiar el complemento de la mínima a 173.000 jubilados de capitalización, lo que demuestra que es un experimento fracasado , advirtieron desde la Casa Rosada.

La decisión oficial, que será formalizada esta tarde por Cristina en un acto en la sede de la ANSeS, tomó por sorpresa a las AFJP, que no fueron consultadas sobre la reforma y ayer evitaron cualquier comentario sobre la medida. Sin embargo, la iniciativa tuvo un fuerte rebote en el mercado local, donde se desplomaron los títulos públicos y la Bolsa porteña.

En cambio, referentes del oficialismo, la CGT de Hugo Moyano y hasta algunos legisladores opositores respaldaron públicamente la propuesta. El radicalismo y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, juzgaron como un “saqueo la iniciativa del Gobierno.

La eliminación del régimen de capitalización, puesto en marcha en julio de 1994 por el gobierno de Carlos Menem y la gestión de Domingo Cavallo en Economía, se inscribe en la serie de reformas dispuestas por el matrimonio Kirchner sobre el sistema previsional. En febrero de 2007 se estableció la libre opción jubilatoria, que habilitó el retorno de los afiliados de las AFJP al sistema de reparto, y a principios de octubre se fijó la movilidad de las jubilaciones.