El Gobierno ha manifestado que las reformas estructurales no son su prioridad. La confianza parece estar puesta en que el tipo de cambio real a un nivel muy alto sostiene el superávit fiscal y el crecimiento basado en exportaciones y producción sustitutiva de importaciones. A favor de este argumento juega la solidez de la situación macroeconómica de corto plazo. Gracias a la devaluación, se ha conseguido un inédito superávit fiscal que genera un razonable nivel de maniobrabilidad para lograr crecimiento económico con estabilidad de precios.

Sin embargo, cabe enfatizar que las reformas estructurales no se relacionan tanto con la sustentabilidad macroeconómica sino con la sustentabilidad social –en relación a la cual ya hay evidencias de que la devaluación ha producido un nuevo avance en la distribución regresiva del ingreso–. En este punto es clave entender que la contrapartida del tipo de cambio alto son salarios y jubilaciones reales muy bajos. En otras palabras, el lado oscuro del modelo es que se requieren salarios y jubilaciones que, en términos reales, se ubiquen a niveles más bajos que los vigentes antes de la devaluación.

Algunos números gruesos alcanzan para ilustrar esto. El superávit fiscal global –incluyendo pago de intereses de deuda pública– ha alcanzado un récord de 12.500 millones de pesos. Esto se explica tanto por aumento de ingresos como por caída de gastos, ambos fenómenos íntimamente vinculados a la devaluación. Los ingresos fiscales en lo que va del 2004, en comparación con los tres primeros trimestres del 2001, son prácticamente el doble y, en términos reales, un 30% superior. El gasto fiscal, por su parte, en lo que va del 2004 en comparación con los tres primeros trimestres del 2001 es sólo un 42% superior y, en términos reales, un 6% inferior. Para explicar esta disminución del gasto fiscal un aspecto clave es que el 40% del gasto del Estado son salarios públicos y jubilaciones. Estas erogaciones aumentaron en términos nominales el 28% y en términos reales experimentaron una caída del 15%.

Desde el punto de vista macroeconómico, la devaluación fue una eficaz herramienta para licuar gasto público y aumentar la recaudación. En términos reales, la jubilación y el salario público promedio son un 20% y 28%, respectivamente, inferior al nivel que tenían en el año 2001. Por otro lado, como la devaluación también licuó los salarios privados resulta factible para el Estado cobrar retenciones a las exportaciones, ya que las empresas tienen márgenes abultados de rentabilidad bruta. En este sentido, si bien los salarios de los trabajadores registrados prácticamente recuperaron la pérdida de la inflación, los no registrados –que son el 50% de los asalariados privados– perdieron un 27% de su poder adquisitivo. Esto permitió que, en lo que va del 2004, el Gobierno haya podido recaudar 7.700 millones de pesos de retenciones a las exportaciones que si se le adiciona lo recaudado por impuesto al cheque –$ 5.600 millones– se explica prácticamente todo el superávit fiscal neto de intereses de deuda pública.

La sustentabilidad macroeconómica del modelo depende así, de manera decisiva, de que el gobierno y las empresas privadas resistan las presiones por aumentos de salarios y jubilaciones, es decir, que mantengan los factores que van en contra de la sustentabilidad social. Si los salarios públicos y jubilaciones subieran en términos reales al modesto nivel que tenían en el 2001, el gasto público crecería más de un 10%. Si además los salarios privados crecieran a ese nivel, el tipo de cambio real y las posibilidades de seguir cobrando retenciones en la magnitud que se viene haciendo, caerían.

Por ello, los anuncios oficiales pueden contener medidas de tipo efectista pero nunca una recuperación generalizada de ingresos a los niveles previos a la devaluación. Esto no depende de la voluntad política. Simplemente son los limitados márgenes que da el modelo basado en el tipo de cambio alto.

Sólo con reformas estructurales será posible flexibilizar estos límites y promover una distribución del ingreso menos regresiva. Por ello, transformar la organización del sector salud y educación, revisar la legislación laboral y de la seguridad social, racionalizar el sistema impositivo, si bien no son urgentes en la perspectiva macroeconómica, lo son desde el punto de vista de reconstruir el dañado tejido social.