La actividad agropecuaria todavía enfrenta una situación conflictiva de consecuencias escalofriantes. ¿Por qué esta afirmación? Simplemente porque el desempeño del sector ha constituido la expresión contemporánea más exitosa de la economía argentina junto con la industria y los servicios vinculados con su expansión y desarrollo. Pero lo más sorprendente es el desconocimiento y la superficialidad que acompañan al tratamiento del tema, sobre todo en sectores que se suponen informados y actualizados, fenómeno sólo explicable por influencias ideológicas o por irracionalidades culturales.

En el mismo escenario, resulta curioso que los cuestionamientos no hayan mostrado dimensión parecida en otros ámbitos de la vida nacional, cuyo desenvolvimiento y evolución han mostrado resultados abiertamente inconvenientes, por no decir negativos, en la experiencia política argentina, como son gigantescos subsidios a industrias sin porvenir, a servicios públicos y privados y a gremios sin transparencia, sin mencionar la proliferación burocrática disfrazada de empleo, ni el financiamiento oficial de gastos corrientes mediante cuestionables impuestos y desventajosos endeudamientos.

En el contexto del conflicto, la primacía de la irracionalidad puede tener consecuencias imprevisibles que no sólo tengan elevados costos sociales en términos de empleo y uso de las capacidades productivas nacionales, sino también en lo concerniente a oportunidades desaprovechadas y a la pérdida de jerarquía internacional del país si las desinteligencias internas nos entretienen desproporcionadamente. Todo es mucho y en función de los tiempos y sus velocidades en el mundo moderno, supone una enormidad, sobre todo cuando se carece de sentido estratégico en un universo de acomodamientos donde al estilo Brasil se puede sacar significativo provecho.

El conflicto es irracional porque no se considera imparcialmente qué está en juego y menos los merecimientos y aportes de los litigantes. Podríamos decir que salvo los logros científicos que arrancaron con el enriquecimiento del uranio hace más de treinta años, alianza o sector productivo alguno alcanzó una evolución tan favorable como el agro que llamaremos de aquí en adelante la agro-industria y los servicios que la acompañan.

La agro-industria, por ejemplo, congrega un entramado de 41 actividades productivas que en conjunto representa casi el 20% del PBI. Desde el punto de vista de la generación de empleo, incluidos eslabonamientos en ambas direcciones, su contribución equivale al 36% del empleo total en la Argentina, con significativa proporción de mano de obra calificada apta para el dinámico cambio tecnológico registrado desde hace años. Esas tres referencias permiten colegir que las actividades primarias asociadas a los procesos industriales y a la evolución tecnológica no sólo han ganado madurez, sino también representatividad estadística.

Bien, la contribución del sector agro-industrial no concluye en esos indicadores. Su aporte es manifiestamente importante en materia de generación de recaudaciones fiscales y de ganancias en divisas que sirven para independizar al sector externo de los pesados y condicionantes endeudamientos externos. El sector aporta el equivalente al 12% del PBI o al 40% de la recaudación total y su contribución al sector externo es igualmente positiva. Exporta el 33% de su producción o más del 50% de las exportaciones totales del país. El aporte cambiario neto es superavitario y alcanza a unos 20.000 millones de dólares, lo cual es más destacable cuando se compara con el déficit de la industria que ronda los 26.000 millones de la misma moneda, según Bein y Dal Poggettto.

El derrame también alcanzó a la industria relacionada con el agro y a la demanda de servicios tecnológicos. Las fábricas de maquinaria generan 40.000 puestos de trabajo directo y un centenar de ellas exportan. Siembra directa y agricultura de precisión, monitores de rendimiento, almacenajes móviles, tecnologías de producto y de proceso, manejo de humedad y rotaciones de cultivos configuran actividades jerarquizadas que, por lo demás, han servido para retener pobladores y mejorar el paisaje urbano en contextos de industrialización concentrada, por ejemplo, en polos como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires que representan el 47, 28 y 18% respectivamente del total.

Cuando se examina el tejido social del agro, es fácil advertir la democratización del sector, como lo pone de manifiesto el hecho de que el 74% de los productores rurales posean menos de 100 hectáreas, según la Superintendencia de Seguros de la Nación, desmintiendo la hegemonía terrateniente que si existe es menos significativa de lo que se denuncia. Vale la pena insistir en que si se pusiera el mismo énfasis para examinar a grupos oportunistas con precarios pergaminos en aportes al conjunto social, estaríamos más cerca de la definitiva solución de la crisis. En esta atmósfera de terca impugnación de los resultados derivados de la innovación y aún de la perseverancia y de la asunción de riesgos, resulta difícil imaginar a un John Ford o Bill Gates exitosos y reconocidos sin mezquindades enfemizas..

La disminución de rindes, de superficie sembrada, de inversiones en implementos agrícolas y de insumos de mejor calidad, con independencia de la sequía, parece que algo tiene que ver con algunos de los desaciertos mencionados, entre los cuales, paradójicamente, no es la clase trabajadora la gran ganadora.