El tema de las reservas monopolizó la atención pública al elevado costo de agudizar los enfrentamientos y desperdiciar un tiempo valioso para reacomodar la economía argentina sobre nuevas bases, conforme aconseja la situación regional y global, pero es evidente que los temas estratégicos no atraen a la sociedad argentina.

Nos hemos enredado en aspectos institucionales, básicamente de gestión, por supuesto importantes, aunque superables si se los contemplara a la luz de un objetivo superior, como sería recuperar la jerarquía internacional del país como presupuesto fundamental para un destino compatible con sus posibilidades concretas, no ideológicas.

Es verdad que el titular del Banco Central no puede recibir instrucciones del Poder Ejecutivo y menos transferir reservas internacionales sin consentimiento formal del Congreso. También es cierto que desatada la crisis, el conflicto pudo haberse resuelto razonablemente, cediendo los protagonistas alguna fracción de sus posiciones. Si hubiera mediado un atisbo de concordia, es probable que la cuestión quedara resuelta.

Malogrado ese propósito, se mezclan y renuevan los desacuerdos asestando un duro golpe a la experiencia democrática que así no termina de consolidarse. Una cuestión enredada entre el Ejecutivo y el Congreso terminó involucrando a la Judicatura. Ya nadie escapa. El sistema republicano que supone división de poderes queda herido. Apetitos partidarios y protagonismos egoístas terminan desgarrando el presente y potenciando un futuro cada vez más incierto.

Ahora bien. Al margen de ello, sigue pendiente la cuestión del poder de decisión sobre el uso de las reservas. En el núcleo yace el tema de la propiedad y de la administración de las mismas. Dado el carácter “sui generis de ese activo, parece necesario separar ambas cuestiones. Si bien es ambigua la identificación de la propiedad, parece razonable considerar las reservas como otros bienes del dominio público. Entonces pertenecen al estado - no al gobierno- a menos que -repito- rija algún régimen de conversión que habilite otra interpretación.

El alcance de la gestión de las mismas es incumbencia del Congreso, según las facultades reconocidas al Banco Central en la Carta Orgánica. Mientras la autoridad monetaria sujete su cometido siguiendo las atribuciones conferidas, o siguiendo instrucciones parlamentarias como las contempladas, por ejemplo, en las leyes de presupuesto o en específicos “arreglos de deuda , no debería existir conflicto, menos entre el Poder Administrador y el Congreso.

Esa delimitación funcional no supone que el Banco Central, siguiendo o no orientaciones del Poder Ejecutivo, pueda modificar a su arbitrio los objetivos de la política económica valiéndose de las herramientas a su disposición. Las decisiones sobre el manejo del dinero, del crédito, de la tasa de cambio que resulten compatibles con la estabilidad del sistema económico, los niveles de empleo y el endeudamiento público, no pueden entenderse con independencia de objetivos políticos o de las cambiantes circunstancias. En esta inteligencia, es la prudencia que debe brotar de la ponderación de las circunstancias la que debe gobernar las acciones.

El Banco Central no es independiente. Es un ente autárquico y como tal debe ajustarse a la norma jurídica que le confiere tal carácter según ley del Congreso. El Ejecutivo no tiene autoridad para dirigir sus acciones conforme objetivos circunstanciales, pero puede exigir el cumplimiento de las prescripciones que periódicamente puntualice el Presupuesto Nacional.

Ahora bien, de ello tampoco debe deducirse que la condición de ente autárquico independice a la autoridad monetaria de compatibilizar sus objetivos específicos con los que animan a la política económica en obsequio del bienestar general. Es una eterna discusión y tironeo como volvió a comprobarse en esta crisis internacional, pero como lo revelo el Patman Report hace más de medio siglo, el Gobierno y la Banca Central no suponen organismos sin alguna simbiosis. Es la coordinación sin transgresiones la que avala los resultados y la prudencia la que marca etapas superadoras. Esto se ve claro estos días en los EE.UU. y en la UE.