El Gobierno de Chile pasó las últimas pruebas y en breve ingresará como miembro permanente de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Este visto bueno lo convertirá en el segundo país de la región, después de México, en sumarse a uno de los organismos multilaterales más influyentes en la economía global, conformado por los 30 países más desarrollados del mundo. Su incorporación no fue un proceso sencillo. El Poder Ejecutivo debió trabajar junto al Legislativo y al Judicial, para llevar a cabo reformas institucionales que colocasen a la República transandina al mismo nivel de las naciones más avanzadas en términos de libertad económica, de lucha contra el lavado de dinero y el fraude corporativo. Este último punto adquirió especial relevancia tras la sanción de la nueva Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. La legislación, pionera en la región por sus características, introduce el concepto de responsabilidad penal de la compañía, por los delitos cometidos por sus directores, altos ejecutivos y gerentes en beneficio de la organización. La nueva normativa, requiere a las organizaciones la designación de un encargado con autoridad y autonomía para determinar el sistema de prevención, su supervisión y certificación. El incumplimiento de lo previsto en la ley y la presencia de un fraude corporativo en detrimento de accionistas o terceros, podría acarrear penas que van desde multas económicas, pérdidas de beneficios fiscales hasta la disolución de la persona jurídica. El avance que surge del trabajo para lograr la admisión de la OCDE es un gran paso para la mejora de la lucha contra el fraude corporativo a nivel regional. Si bien en una primera etapa el cumplimiento de esta normativa puede generar nuevos costos en la estructura, estos se vuelven irrelevantes comparados con las pérdidas que habitualmente ocasiona el fraude corporativo, o las multas y daños económicos que emanan como penalidades en la nueva ley. La legislación aprobada también se encuentra en línea con los requerimientos de la FCPA, o Ley de Prácticas Anti Corrupción en el Exterior de los Estados Unidos. Estos avances, que ya son ley en Chile, deben ser entendidos como una necesidad en países como la Argentina donde el fraude corporativo llega a generar pérdidas anuales de alrededor de 70.000 millones de pesos, de acuerdo a estimaciones basadas en cifras de la Asociación de Examinadores Certificados en Fraude de los Estados Unidos. Por el momento, la inexistencia de una ley local que promueva estos cambios no debiera impedir a las organizaciones avanzar de manera independiente en la incorporación de buenas prácticas. Actualmente, por requerimiento de sus casas matrices o por la propia convicción del directorio, cada vez más organizaciones implementan voluntariamente mecanismos para limitar posibles fraudes internos. Esta ventaja, lleva confianza a pequeños accionistas, clientes y potenciales socios estratégicos en nuevos negocios, además de redundar en menores pérdidas futuras asociadas a este delito.