El Departamento de Justicia de Estados Unidos vigila y controla de manera cada vez más estricta a las filiales americanas, a todas las empresas que cotizan en la bolsa y a las compañías argentinas con interés en realizar negocios en el territorio de ese país, a través de la instrumentación la Foreing Corruption Practice Act (FCPA). Esta Ley prohíbe realizar actos que faciliten un negocio con el Estado, saltando trabas legales. En nuestro país, las regulaciones exigidas son aún desconocidas por muchas empresas, ejecutivos y miembros de la administración pública y el caso de la firma Helmerich & Payne Inc. (H&P), que opera en varias provincias locales, ilustra la problemática que representa la implementación de los controles necesarios para evitar multas millonarias, sanciones penales y daños reputacionales irreversibles. Esta petrolera presentó ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y de la SEC (Securities and Exchange Commision) una investigación interna que probaría pagos ilegales a oficiales de la Aduana Nacional Argentina para destrabar y acelerar procesos de importación. Esta presentación voluntaria habría incluido una solicitud ante el DOJ (Department of Justice) de no iniciar una acción penal a cambio del pago de la multa impuesta por u$s 1.000.000 y el compromiso de implementar acciones que refuercen los programas de cumplimiento de la normativa vigente. Los controles de la FCPA ponen énfasis en la descripción de servicios de consultoría contratados, de comisiones o incentivos y prohiben el pago de viáticos y favores personales a funcionarios, tal como la contratación de familiares, ya que suelen ser canales utilizados para efectuar pagos ilegales. En este caso, H&P habría informado que la mayor parte de los pagos ilegales fueron realizados a través de sus agentes despachantes de aduana y que las acciones correctivas internas incluyen el despido del personal involucrado. La existencia de un manual de cumplimiento y ética y la realización de los denominados procesos periódicos de Due Dilligence (inteligencia debida) a proveedores y empresas relacionadas con el negocio, son procedimientos que, entre otros, ayudan a demostrar el cumplimiento de la FCPA. En esta misma línea, es indispensable mantener los registros de todas las transacciones que se realicen y, sobre todo, instrumentar adecuados controles internos en el sistema de gestión contable de cada empresa. El no cumplimiento de los controles exigidos constituye un delito penal, por lo que la compañía podría haber sido multada por montos millonarios y sus empleados responsables sancionados penalmente. La presentación voluntaria por parte de esta organización posibilitó un acuerdo con el Departamento de Justicia y la SEC para evitar una causa penal y daños reputacionales mayores, de los que suelen poner en riesgo la sustentabilidad de cualquier negocio.