El fraude corporativo es un problema que preocupa tanto a las empresas directamente afectadas, como a los gobiernos que ven una amenaza para la integridad de sus economías. Para transmitir su relevancia y evitar un perjuicio extraño no se deben manejar con liviandad cifras que alarmen a los interesados. Las estimaciones más serias son aportadas por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), organización mundial más grande de lucha contra el fraude con sede en los EE.UU. que señala que las pérdidas ocasionadas rondan entre el 6 y el 7% de los ingresos de las empresas radicadas en ese país. En la Argentina no existe una organización comparable y son pocos los profesionales que trabajan de acuerdo a los estándares internacionales exigentes, lo que imposibilita una estimación precisa del impacto del fraude. La simple extrapolación de dicha estimación al ámbito local sería suficiente para considerar que el problema es equivalente a una cuarta parte de la recaudación tributaria anual del estado argentino. Decir que el impacto del fraude oscila entre el 10% y el 20% de la facturación de una empresa, como afirma la columna del jueves 27 en este diario, es, además de una estimación sin fundamento empírico, una afirmación que significaría que en nuestro país el fraude es la actividad más rentable, convirtiéndolo en un problema prácticamente insoluble desde un punto de vista económico. El fraude corporativo es una cuestión delicada que puede poner en riesgo la rentabilidad y evolución de las operaciones de la empresa, debiendo ser abordada desde una perspectiva integral por expertos en la materia. Algunas de las medidas preventivas que pueden adoptarse para reducir el riesgo ya han sido incorporadas por la mayoría de las empresas que operan en el país, otras aún no han ganado su lugar, en parte por desconocimiento respecto a su importancia, y a la forma correcta de implementarlas. Esta es una cuestión clave, teniendo en cuenta que estudios realizados sobre el impacto del fraude cometido a través de vulneración de los Sistemas de Información de las empresas muestran que la mayoría de las que lo sufrieron contaban con programas formales de seguridad informática. No es suficiente con la simple acumulación de medidas de control, es necesario implementar un sistema de controles integrado que considere todos los aspectos generadores de riesgo, teniendo en cuenta la eficiencia y viabilidad de cada uno de los procedimientos. En este terreno, los productos “pret-a-porter no funcionan y tampoco se trata de una cuestión que pueda encuadrarse dentro de los límites de lo legal. La solución no siempre estará en la presentación de una querella penal, más aún, si no se ha realizado antes una evaluación de la posición de la empresa, del escenario y de los potenciales resultados de una investigación. El trabajo de los expertos en investigación, en conjunto con asesores legales, es imprescindible para establecer, en cada caso, las medidas pertinentes para reducir el riesgo. Un diagnóstico preciso que establezca la necesidad de realizar una investigación para intervenir oportunamente y poner fin a cualquier situación irregular que pueda afectar a la empresa.