Una pregunta que me hago desde hace tiempo es: ¿en qué momento se volvería racional, en términos económicos, que un país abandone la eurozona?


Hay dos aspectos que deben considerarse. El primero es si el sistema bancario del país es viable en el marco de una unión bancaria imperfecta (una que no compartirá riesgos en el futuro inmediato). El segundo es si las deudas, tanto del sector público como del privado, son sostenibles, teniendo en cuenta las tasas de crecimiento del país actuales y las previstas para el futuro.


En el caso de Chipre, la respuesta a ambas preguntas es no. La decisión de un rescate interno de los accionistas, titulares de depositantes no asegurados habría sido lógica si la eurozona tuviera una unión bancaria completa. No habría corrida bancaria dado que todos los bancos estarían reasegurados en forma centralizada.


En este universo paralelo, se podría haber cerrado el segundo banco más importante de Chipre sin daños colaterales al resto del sistema bancario o la economía chipriota. Estados Unidos demuestra cómo funciona esto: si la Federal Deposit Insurance Corporation interviene un banco en San Francisco y realiza un rescate interno de los depositantes no asegurados, no habría corrida bancaria en los bancos vecinos dado que California no es responsable del sistema bancario. En cambio, Estados Unidos cuenta con una autoridad de resolución federal y un sistema de seguro de depósitos.


Sin embargo, como cada país de la eurozona sigue siendo responsable de su sistema bancario, Chipre no tuvo otra alternativa que imponer controles de capital tras el rescate interno. A pesar de las declaraciones oficiales, estos controles perdurarán por mucho tiempo. De hecho, las autoridades lanzaron una nueva moneda paralela convertible al euro estándar a un tipo de cambio de uno a uno, pero sólo hasta 5,000 euros, el tope de transferencia mensual. No cuesta imaginar que la salida de la eurozona habría sido más traumática para la población, pero habría traído el beneficio de un tipo de cambio devaluado. Y eso responde la segunda pregunta. Es más probable que Chipre recupere la sostenibilidad de la deuda fuera de la eurozona, porque un tipo de cambio más bajo reduciría la deuda neta y se reanudaría más rápido el crecimiento económico.


En última instancia, esto también se aplica a España. Jeroen Dijsselbloem, ministro de Finanzas holandés y presidente del Eurogrupo de ministros de Finanzas de la eurozona, respondió sin querer la pregunta cuando -en una entrevista con el Financial Times- conmovió al mundo al decir la verdad. Ahora es política establecida de los países acreedores resolver el problema de deuda que amenaza el sector bancario en los países periféricos mediante rescates internos de tenedores de bonos y depositantes.


Pensemos en esto. El sistema bancario español, salvo sus dos mayores bancos (BBVA y Santander) está en quiebra, incluso tras los recientes acuerdos de pequeñas recapitalizaciones. El mayor problema ya no es la burbuja inmobiliaria, sino la actual depresión, que es probable que se prolongue durante la mayor parte de la década, dada la política actual.
Las consecuencias lógicas de las declaraciones de Dijsselbloem y de la realidad de austeridad y de una unión bancaria deficiente es un futuro rescate interno de los tenedores de bonos y depositantes de bancos españoles.


El problema es que incluso los depósitos asegurados no estarán protegidos entonces, tal como sucede en Chipre con los controles de capital, que afectan por igual a depósitos pequeños y grandes. Es de esperar que lo mismo ocurra en España. Teniendo en cuenta la política establecida, es lógicamente irracional para cualquier ahorrista español mantener incluso pequeños ahorros en el sistema bancario de ese país. No hay forma de que el Estado español pueda garantizar el sistema sin caer en default.


La consecuencia es que, con el tiempo, para España también se volverá económicamente racional abandonar la eurozona. El mejor momento sería cuando el país logre un equilibrio fiscal, antes del pago de intereses de la deuda.


Lo mismo aplica para Grecia, donde el crecimiento económico no alcanza los supuestos subyacentes en el análisis oficial de sostenibilidad de la deuda. Ante la falta de voluntad por parte de los países acreedores para acordar un nuevo programa de refinanciamiento de la deuda, se vuelve a la misma rutina -más rescates internos-, incluyendo a los depositantes de bancos griegos.


¿Y qué sucede con Italia? La deuda del sector público, que alcanza casi 130% del Producto Bruto Interno (PBI), es sostenible si el país logra volver a tasas de crecimiento económico de 2%. Con un crecimiento apenas por encima de cero en los últimos 15 años, no queda claro qué puede hacer un gobierno para provocar ese cambio. Se requerirían grandes recortes salariales en el sector privado y aumentar la eficiencia en el sector público.


El próximo gobierno de Italia tendría que enfrentarse a intereses particulares en líneas similares a lo que ocurrió en Reino Unido a principios de los años 80. Si el estancamiento político no pudiese resolverse para lograrlo, la sociedad italiana se encaminará a tener que elegir entre un default dentro de la eurozona o a la salida de esta.


La primera de estas opciones sería realmente tóxica, especialmente para los depositantes. Si se le cree a Dijsselbloem, como yo, entonces sería racional que todo habitante del sur de Europa saque su dinero de su país y lo deposite fuera de la zona euro.


En un contexto en el que los países acreedores rechazan una unión bancaria genuina, el obstáculo para un argumento económico a favor de dejar la zona euro es sorprendentemente bajo. Por supuesto, la economía podría no ser el criterio principal de la decisión de un país. En el corto plazo, es posible que la política triunfe sobre la economía. Pero a la larga, no se puede manejar una unión monetaria en contra de la lógica económica.

Traducción: Viviana L. Fernández