El gobierno español, en medio de la crisis del euro, parece estar abriendo un segundo frente: usa la crisis como justificación pragmática y cobertura política para revertir un sistema de gobiernos regionales que el gobernante Partido Popular (PP) detesta por ideología.

El PP de centroderecha, que asumió el poder en noviembre del año pasado, no sólo quiere reducir el Estado, sino recentralizarlo. El gobierno de Mariano Rajoy viene dando indicios y imponiendo su poder a los gobiernos regionales, varios de los cuales necesitan la ayuda de Madrid para pagarle el sueldo a sus funcionarios y refinanciar sus deudas.

Somos parte de un Estado, pero nos tratan como súbditos, no como socios, aseguró Andreu Mas-Colell, director de finanzas del gobierno nacionalista de Cataluña, luego de una reunión con el ministro de Hacienda de España, Cristóbal Montoro, que según él amenazó con imponer el control central a los gobiernos regionales que no cumplan las nuevas metas presupuestarias.

La apuesta es alta. La confrontación en ciernes entre el centro y las 17 regiones es más que una subtrama dentro de la tragedia del euro. Si se maneja mal, podría socavar el acuerdo constitucional que llevó a España de la dictadura de Francisco Franco hacia una democracia, y avivar el reclamo de independencia proveniente de los vascos y catalanes.

Venimos construyendo los pilares de este nuevo sistema hace treinta años, afirma el socialista Carlos Aguirre, el jefe de Economía del gobierno vasco. Antes estaba bien cambiar las tejas del techo, pero nadie se atrevía a tocar las bases. Ahora el temor es que todos quieran revisarlas.

Cualquier descentralización generará una resistencia radical, admite un alto funcionario del PP.

Sin embargo, su diseño tuvo errores desde el comienzo. En medio de las demandas históricas de vascos y catalanes, el compromiso de la Constitución de 1978 fue ofrecer posibilidades similares de autogobierno a todos. Muchas regiones se encontraron con gobiernos que nunca la pidieron, y que se convirtieron en feudos de caciques locales y vehículos de clientelismo partidario. La irresponsabilidad financiera de algunas regiones, expuesta por la presente crisis, ha llevado a algunos a concluir que las transferencias a las regiones son un lujo.

La idea de recentralización no es posible en Cataluña, afirma un ex asesor de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno español hasta 2011. La soberanía es discutida fuertemente y si hay algo que puede hacer que se haga realidad sería un intento de exigir la devolución de facultades.

El debate sobre las transferencias es complicado. Muchas veces se omite el costo y la inadecuada base tributaria para pagar desde los servicios públicos hasta la educación. Los ingresos de los impuestos a la propiedad eran enormes durante el boom de la construcción anterior a la crisis, y muchas regiones (como el gobierno central) se volvieron dependientes de ellos. Esta dependencia se hizo estructural luego que los gobiernos del PP de José María Aznar y Zapatero recortaran los impuestos a los ingresos.

Ahora, en medio de una escasez presupuestaria, todas las regiones dependen del financiamiento central, excepto el País Vasco y la adyacente provincia de Navarra.

Montoro ha dejado claro que los gobiernos que pidan ayuda deben aceptar el tipo de condiciones que la UE impuso a Grecia y Portugal. Incluso se ha escuchado al ministro bromear acerca del envío de los hombres de negro desde Madrid para administrar los gobiernos regionales.

El gobierno cree que puede hacer con nosotros lo que la UE está haciendo con los gobiernos centrales, afirma Mas-Colell. Heribert Padrol, asesor del líder regional de Cataluña Artur Mas, dice: Tienen una agenda para recentralizar y replicar el mecanismo de la UE a nivel interno da una especie de legitimidad.

Aunque nadie discute que hay costosas superposiciones en el modelo de transferencias, el gobierno muestra escasas señales de diferenciar la calidad del gasto. Todos los partidos son culpables de clientelismo, especialmente el PP, que manda en once gobiernos regionales que deben la mitad de la deuda regional de 140.000 millones de euros y tienen una cantidad de empleados públicos superior a la media.