Si hay una cosa en que la izquierda española y la derecha están de acuerdo, es que la transición del país de la dictadura a la democracia a finales de la década 1970 fue un triunfo político singular.
En los años posteriores a la muerte de Francisco Franco, los dos campos pusieron a un lado su amarga e histórica enemistad y forjaron un pacto notable. En lugar de resistirse al cambio democrático, los ex dirigentes franquistas se reinventaron a sí mismos como el nuevo partido centro-derecha del país. La izquierda española, por su parte, se comprometió a no perseguir a los ex funcionarios del régimen por los crímenes cometidos durante la dictadura de Franco.
No hubo (casi) ningún derramamiento de sangre, ninguna venganza, ni siquiera una comisión para la reconciliación y la verdad. La estabilidad lo era todo y se convirtió en el sello distintivo de la nueva constitución democrática del país, y la base de una ley fundamental de amnistía de 1977.
En los últimos meses, sin embargo, la transición ha vuelto al centro del debate político entre "los que culpan a (la transición) por los males actuales del sistema, y quienes la defienden como un proceso que garantizó la transición pacífica de la dictadura a la democracia.
Liderando el ataque está Podemos, un nuevo partido "anti-establishment". El movimiento hace campaña abiertamente contra el "régimen de transición", que Podemos dice ha cargado España con un sistema partidista profundamente corrupto que impregna todos los niveles del Estado y de la economía. Pablo Iglesias, el líder de Podemos, habla de la necesidad de romper los "candados de la transición" y barrer con la "casta política" creado por el antiguo régimen.
Éste está demostrando ser un mensaje sorprendentemente popular: las encuestas sugieren que Podemos está compitiendo con el gobernante Partido Popular y la oposición socialista para convertirse en el mayor movimiento político en España. Es un debate acerca de dos diferentes visiones de lo que España debe ser. Un campo ve a un país que lucha con problemas económicos y políticos que se pueden corregir dentro de los parámetros operativos del sistema. Sus opositores ven un orden político y económico tan profundamente defectuoso que no requiere reformas, sino un nuevo comienzo. Un choque de visiones que probablemente crecerá en intensidad en el período previo a las elecciones generales del próximo año.
Cuatro décadas después de la transición aparentemente suave de España a la democracia, el riesgo de ruptura política está creciendo.