El gobierno brasileño anunció el más agresivo paquete de medidas para reducir el precio de la energía eléctrica en la historia del país. La cuenta de luz bajará, en promedio, 20,2% para todos los consumidores. En el sector industrial, la caída oscilará entre 19% y 28% y variará de acuerdo al nivel de consumo de las empresas. El descuento aumentará para quién utiliza más energía. En el consumo residencial, la reducción llegará a 16,2%.
Los nuevos valores entrarán en vigor en febrero de 2013, según el ministerio de Minas y Energía. Para alcanzar ese resultado, el gobierno adoptó un conjunto de acciones. Por un lado, cortó antiguos encargos que incidían sobre la cuenta de luz para el consumidor final. Por otro, anunció la decisión de prorrogar los contratos de generación, transmisión y distribución que vencen entre 2015 y 2017, con la obligación de que las concesionarias reduzcan sus costos, repasando ese beneficio directamente al bolsillo del usuario.
A pesar de la aprehensión de las compañías de energía sobre el futuro de sus contratos y, principalmente, en relación a los márgenes de lucro, el gobierno cree que hay espacio para incluso ampliar los porcentajes de descuentos prometidos. Durante su discurso, Rousseff dijo que la reducción definitiva depende de los cálculos de Aneel, pero que "los descuentos podrán aumentar".
Para promover una reducción de precios que la industria nacional clasificó como "histórica", el gobierno también apeló a recursos del Tesoro Nacional. El retiro de tres encargos de la cuenta de luz -Cuenta de Consumo de Combustibles (CCC), Reserva General de Reversión (RGR) y la eliminación de 75% de la Cuenta de Desarrollo Energético (CDE)-se compensará con el aporte público de R$ 3.300 millones, recurso que se obtendrá a través de créditos que el Estado detenta con el consorcio que está actualmente al frente de la hidroeléctrica Itaipú. los 50 años de explotación comercial. Pero las concesionarias defienden para sí un saldo millonario que precisa quitarse. A finales del año pasado, presentaron ante la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Anee) una factura de nada menos que R$ 47.000 millones, una cuenta que, para el gobierno no tiene sentido. Sin embargo, el Estado aún no presentó la deuda que mantendría con las concesionarias.
Según Nelson Hubner, director general de Aneel, la próxima semana se concluirán los cálculos sobre las indemnizaciones. A partir de ahí, las empresas podrán negociar la propuesta con el gobierno y decidir si aceptan o no la prórroga. En última instancia, el concesionario puede simplemente dejar vencer el contrato y entregar la operación, si estima que el negocio dejó de ser atractivo.
El secretario ejecutivo de Minas y Energía, Márcio Zimmermann, dijo que las concesionarias tendrán un plazo de 30 días -a partir de la publicación del decreto que reglamenta las nuevas reglas-para aceptar o no la prórroga de los contratos.
Una de las dudas básicas que aqueja a las empresas es saber el criterio técnico que utilizará el gobierno para evaluar los activos que todavía no fueron amortizados. Según Mauricio Tomalsquim, presidente de la Empresa de Investigación Energética (EPE), ese tema está resuelto. El cálculo para pagar las indemnizaciones de energía considerará la actualización del precio de los equipamientos adquiridos por las empresas, afirmó.
El gobierno verificará cuanto se necesitaría invertir hoy para obtener la capacidad que el concesionario implementó. Si el resultado es inferior al que aplicó el concesionario, con sus debidos reajustes, se arreglarán las cuentas con la empresa. "Es la metodología que utilizó Aneel", señaló Tomalsquim.
A pesar de la aprehensión de las compañías de energía sobre el futuro de sus contratos y, principalmente, en relación a los márgenes de lucro, el gobierno cree que hay espacio para incluso ampliar los porcentajes de descuentos prometidos. Durante su discurso, Rousseff dijo que la reducción definitiva depende de los cálculos de Aneel, pero que "los descuentos podrán aumentar".
Para promover una reducción de precios que la industria nacional clasificó como "histórica", el gobierno también apeló a recursos del Tesoro Nacional. El retiro de tres cargos de la cuenta de luz -Cuenta de Consumo de Combustibles (CCC), Reserva General de Reversión (RGR) y la eliminación de 75% de la Cuenta de Desarrollo Energético (CDE)-se compensará con el aporte público de R$ 3.300 millones, recurso que se obtendrá a través de créditos que el Estado detenta con el consorcio que está actualmente al frente de la hidroeléctrica Itaipú.