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La Vuelta a España 2025 se enfrenta a un clima de tensión política y social que amenaza con eclipsar su desenlace deportivo. Lo que debía ser una fiesta del ciclismo se ha convertido en escenario de un pulso entre partidos, manifestantes y autoridades.
La presencia del equipo Israel Premier Tech ha desencadenado protestas propalestinas en varias etapas, con llamamientos al boicot por parte de Podemos, advertencias del Gobierno central y críticas de la oposición sobre la gestión de la seguridad.
Podemos llama al boicot: "La condena al genocidio está por encima del deporte"
El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha instado a la ciudadanía a boicotear la contrarreloj de Valladolid y las siguientes etapas de la Vuelta. En sus palabras: "Llamamos al boicot activo y a la desobediencia civil, porque la condena al genocidio está por encima de cualquier actividad deportiva".
Fernández denunció que la competición está "blanqueando la imagen del Estado terrorista de Israel" al permitir la participación de un equipo israelí. Según señaló: "Es una auténtica vergüenza que la Vuelta Ciclista a España y la Unión Ciclista Internacional consientan la propaganda de un sionista que hace apología del genocidio".
El dirigente insistió en que los vallisoletanos y ciudadanos de Castilla y León debían "dar un ejemplo" y sumarse a las protestas, porque "las vidas de las personas están por encima de todo".
El Gobierno despliega un dispositivo histórico
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín pidió a los partidos políticos actuar con "responsabilidad" y evitar tensiones: "No calentar el ambiente" es la consigna oficial para garantizar la seguridad del fin de la competición.
El Ejecutivo ha confirmado el despliegue de más de mil policías durante el fin de semana en Madrid, en lo que será el mayor dispositivo de seguridad de la historia de la Vuelta. El objetivo es, según Martín, "compatibilizar el desarrollo de la prueba deportiva con el legítimo derecho de manifestación".
Las fuerzas de seguridad trabajan con la hipótesis de que las protestas aumenten en intensidad a medida que la carrera llegue a la capital, por lo que las autoridades buscan prevenir incidentes que puedan empañar la última etapa.
El PP acusa al Ejecutivo de incapacidad para garantizar la seguridad
La oposición, por su parte, ha aprovechado la situación para cargar contra el Gobierno. La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, cuestionó la gestión del Ejecutivo ante las protestas: "No sé qué es más preocupante, si que España como país no sea capaz de garantizar la seguridad de un evento deportivo internacional o que el propio Gobierno promueva que no pueda ser seguro".
Muñoz recordó que las manifestaciones ya han provocado altercados, como las cargas policiales en Mos (Pontevedra), y advirtió que la escalada podría repetirse en Madrid pese al refuerzo policial. Para la diputada, el Gobierno transmite una imagen de "debilidad" frente a un acontecimiento deportivo de repercusión internacional.
La tensión política se traslada al deporte
La Vuelta 2025 se encuentra así atrapada en un fuego cruzado político y social. Para Podemos, el ciclismo no puede quedar al margen del conflicto en Gaza; para el Gobierno, la prioridad es la seguridad y el equilibrio entre deporte y derecho de manifestación; y para el PP, lo que queda en evidencia es la incapacidad del Ejecutivo.
La última etapa en Madrid será, por tanto, mucho más que un desenlace deportivo: se ha convertido en un reflejo de la polarización política y de la capacidad de las instituciones para manejar un evento deportivo internacional bajo la presión de un conflicto global.