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El pleno del Congreso vetó este miércoles, con los votos de Junts, PP y Vox, la tramitación de la ley que planteaba reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales.
Con 178 votos a favor y 170 en contra, han salido adelante las enmiendas de Junts, PP y Vox por lo que el proyecto no ha superado el debate a la totalidad y ha quedado rechazada la ley.
La iniciativa, impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quedó bloqueada en sede parlamentaria, aunque el Ejecutivo confirmó que volverá a presentarla en cuanto se den las condiciones políticas.
El revés legislativo se produjo en medio de una fuerte reacción sindical. CCOO y UGT convocaron concentraciones en distintas ciudades y organizaron una vigilia en Madrid para denunciar lo que consideran un retroceso en los derechos laborales.
Díaz afirmó que el PP asestó "una bofetada" a más de doce millones de trabajadores y criticó la "nula flexibilidad" de Junts durante las negociaciones.
Desde la formación catalana, Míriam Nogueras defendió que su posición resultó clara desde el inicio y argumentó que la reducción de jornada podría comprometer la viabilidad de pymes y pequeños negocios.
¿Cómo condiciona Junts y ERC el futuro de las cuentas públicas?
El Gobierno aseguró que la derrota parlamentaria no altera la negociación presupuestaria para 2026. Sin embargo, en La Moncloa reconocen que Junts seguirá ocupando un papel decisivo.
El partido de Carles Puigdemont mantiene una estrategia marcada por la expectativa de beneficiarse de la ley de amnistía, un factor que introduce incertidumbre en cualquier acuerdo.
Aunque Nogueras sostuvo que la cuestión laboral y las cuentas del Estado son "carpetas distintas", el Ejecutivo sabe que necesitará reconstruir la confianza con los independentistas catalanes.
ERC también elevó sus exigencias. La formación de Oriol Junqueras reclama una financiación singular para Cataluña, con el traspaso de la gestión del IRPF incluido, como condición para respaldar los presupuestos.
Los republicanos advirtieron tanto al presidente Pedro Sánchez como al líder de la Generalitat, Salvador Illa, que el rechazo a esa propuesta complicaría el diálogo en Madrid y en Barcelona.
¿Qué postura adoptan los demás socios parlamentarios?
El resto de los aliados del Ejecutivo empieza a fijar sus prioridades. El PNV reunió a sus diputados y senadores en Madrid para analizar las líneas de negociación, mientras que EH Bildu expresó que está preparado para retomar un diálogo presupuestario "bastante trabajado" en los dos últimos ejercicios.
En paralelo, Sumar entregó en el Congreso 100.000 firmas de ciudadanos en apoyo a la reducción de la jornada laboral.
La coordinadora Lara Hernández defendió que no se trata de una medida de partido, sino de "una medida de país" que ampliaría derechos para más de doce millones de trabajadores.
A pesar de esa presión social, la alianza entre PP, Vox y Junts impidió la tramitación del proyecto, marcando un escenario político donde cada apoyo se convierte en clave para garantizar la estabilidad legislativa y presupuestaria.
