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La propuesta de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado no ha tardado en generar una fuerte reacción política. Mientras el Gobierno la defiende como una jurista de trayectoria intachable y compromiso con la justicia, la oposición expresa dudas y desconfianza sobre las verdaderas intenciones detrás del nombramiento.
El contexto no es menor: la designación llega tras la renuncia de Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por revelar datos confidenciales. El relevo al frente de la Fiscalía General se convierte así en un nuevo capítulo de la confrontación entre el Ejecutivo y los principales partidos de la oposición.
El PP califica la propuesta como “continuista” y politizada
Desde el Partido Popular (PP), las críticas fueron inmediatas. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, aseguró que la elección de Peramato es “un nombramiento que evidentemente es continuista” porque, según afirmó, la candidata “es de la absoluta confianza de Dolores Delgado y del propio García Ortiz”.
Muñoz fue más allá al cuestionar la independencia de la nueva fiscal: “Lo que se están preguntando los españoles es si a esta nueva fiscal general del Estado Sánchez le pide que cometa delitos para atacar a rivales políticos, también lo va a hacer”. También acusó al Ejecutivo de “preconstituir un relato” para desacreditar al poder judicial y denunció que miembros del Gobierno, al comentar la sentencia contra García Ortiz, dieron “argumentos políticos, no jurídicos”.
En la misma línea, el secretario general del PP, Miguel Tellado, afirmó que “la clave no es quién es la nueva fiscal, sino si Pedro Sánchez va a dejar de usar la Fiscalía en beneficio propio”. En declaraciones a los medios, advirtió que Sánchez nombró a García Ortiz “para delinquir” y que ahora busca protegerse de causas judiciales con un nuevo perfil afín.
Tellado acusó además al presidente del Gobierno de resistirse “contra el muro de la ley” y pidió elecciones anticipadas para “ahorrar a España la vergüenza final”. A su juicio, el “sanchismo” está siendo “desarticulado por los jueces” y solo queda “una etapa nueva de limpieza y regeneración política”.
Vox desconfía por completo del nombramiento
Desde Vox, las reacciones han sido igualmente contundentes. El secretario general del partido, Ignacio Garriga, expresó su “desconfianza absoluta” hacia el nombramiento de Peramato, y reiteró su exigencia de que Pedro Sánchez convoque elecciones. “Todo lo que venga de la mano de Sánchez, desconfianza absoluta”, declaró en Barcelona.
En la misma línea, el líder de Vox, Santiago Abascal, afirmó que sus sospechas no se deben a la trayectoria de Peramato, sino al hecho de que la propuesta provenga del Gobierno. “Ya estoy curado de espanto con Pedro Sánchez y no estamos para dar votos de confianza a sus propuestas”, sentenció.
Abascal fue más allá al afirmar que el presidente del Ejecutivo está “huyendo de la justicia” y que ninguna de sus decisiones, incluido el nombramiento del fiscal general, tiene otro objetivo que protegerse a sí mismo. También calificó de “sorprendente” que Sánchez haya apelado al presidente del Tribunal Constitucional para que “deshaga” la sentencia contra García Ortiz.
El trasfondo político marca la polémica
La figura de Teresa Peramato, fiscal de carrera con 35 años de experiencia y actual fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, ha sido destacada por sectores del Gobierno y operadores jurídicos por su “compromiso con la legalidad y las víctimas”. No obstante, para el PP y Vox su perfil técnico queda eclipsado por el contexto político del nombramiento.
Ambos partidos insisten en que Pedro Sánchez instrumentaliza la Fiscalía como herramienta de poder. La renuncia de García Ortiz, la condena del Supremo y las reacciones institucionales han reactivado un debate latente sobre la independencia del Ministerio Fiscal y la necesidad de una reforma profunda.
El Consejo de Ministros ya ha iniciado los trámites para el nombramiento de Peramato, que deberá superar el informe no vinculante del CGPJ y su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso. Mientras tanto, las voces críticas apuntan a que este movimiento podría ser apenas el primero de varios que definirán el tono judicial del nuevo ciclo político.
