En los pasillos del Congreso, Ayuso defendó con firmeza el funcionamiento del sistema sanitario madrileño y relativizó el escándalo que envuelve al hospital de Torrejón.
García se movió en el sentido opuesto al remarcar que el episodio demuestra las fallas estructurales de un modelo que, según ella, prioriza el negocio sobre la atención.
La falta de saludo entre ambas fue la postal simbólica de un enfrentamiento político que no encuentra tregua. Mientras la oposición anuncia posibles denuncias ante la Justicia, la presidenta madrileña acusa a Moncloa de emprender una ofensiva “a degüello” contra su gestión, y la ministra insiste en que la Administración regional favorece de manera sistemática a la sanidad privada.
La controversia escaló aún más con las críticas del secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, quien acusó abiertamente a Ayuso de “mentir” sobre el caso Torrejón y de transformar un derecho básico en una plataforma de negocios.
López señaló que un millón de madrileños permanece en listas de espera y atribuyó esa cifra a “una decisión política deliberada” que, en su opinión, favorece a grupos sanitarios privados mientras se deteriora la atención pública.
¿Hasta dónde llega la fractura entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid?
El distanciamiento político entre Ayuso y García se transformó en un bloqueo institucional sin señales de mejora. Ambas compartieron espacio en el salón de Pasos Perdidos, pero ninguna optó por acercarse o intercambiar un saludo, gesto que corroboró que la comunicación entre sus equipos se encuentra completamente suspendida.
La presidenta regional defendó su modelo sanitario como uno de los más eficientes del país y minimizó los audios filtrados del CEO de Ribera Salud, a los que definió como una “rencilla interna” ajena al funcionamiento diario del centro.
García, en cambio, apuntó que las prácticas reveladas en esos audios son, según ella, habituales en otros hospitales madrileños de gestión privada. Respaldó sus críticas en datos del propio Sermas, donde se observa cómo centros de referencia como La Paz y el Severo Ochoa perdieron miles de pacientes mientras los hospitales privatizados ganaron volumen.
Para la ministra, esta tendencia constituye una señal inequívoca de un sistema orientado hacia el lucro. La oposición, con Más Madrid y el PSOE a la cabeza, ya evalúa dar el siguiente paso e impulsar una denuncia formal ante los tribunales.
Ayuso replicó que el Gobierno central utiliza cada crisis para atacar a Madrid y denunció una campaña permanente en su contra. Incluso reprochó la falta de apoyo institucional en contraste con la asistencia brindada a otras comunidades en situaciones críticas.
La presidenta sostuvo que el caso Torrejón no altera la solidez del sistema madrileño, mientras García insiste en que el episodio condensa los problemas de un modelo que, considera, “externaliza la responsabilidad sanitaria para maximizar beneficios privados”.
¿Qué implicaciones políticas y sanitarias deja el caso Torrejón para la gestión madrileña?
El escándalo derivado de los audios de Pablo Gallart, CEO de Ribera Salud, generó un terremoto político que traspasó el ámbito sanitario. Aunque Ayuso exigió conocer la conversación completa y calificó el episodio como parte de una pugna interna, López sostuvo que la presidenta intenta desplazar responsabilidades al tiempo que “culpa a la prensa” del impacto público del caso.
Las declaraciones del dirigente socialista profundizaron la discusión y reforzaron el mensaje de que el PSOE no permitirá, en sus palabras, que la mandataria “siga desmantelando la sanidad pública”.
Mientras Ayuso defendó la inspección realizada en el hospital y valoró como “correcta” la decisión de apartar al directivo, López insistió en que el problema es sistémico y responde a un modelo que genera listas de espera récord.
El dirigente socialista advirtió que se mantendrá vigilante para impedir que la crisis derive en un nuevo avance de la gestión privada. Su postura sumó presión sobre el Gobierno regional, ya que cada declaración aumenta la expectativa de que el caso termine en sede judicial.
El debate se sostiene sobre un telón de fondo de preocupación ciudadana. La sanidad madrileña se convierte nuevamente en campo de batalla de una disputa política que, lejos de resolverse, gana intensidad con cada cruce entre los actores involucrados.
El caso Torrejón, más que un episodio aislado, reabre un debate estructural sobre el rumbo del sistema sanitario en la Comunidad de Madrid y anticipa un conflicto que amenaza con prolongarse.