La Mesa del Senado ha dado luz verde este martes a la propuesta del Partido Popular para reformar el Reglamento de la Cámara, un cambio que incluirá la obligación de que el presidente del Gobierno acuda una vez al mes a las sesiones de control. Los grupos parlamentarios disponen de un plazo de quince días para presentar enmiendas.
El PSOE intentó sin éxito demorar la calificación de la propuesta, que ya ha sido admitida a trámite, con el objetivo de disponer de más tiempo para plantear alternativas. "El Ejecutivo tiene la capacidad de decidir quién responde en nombre del Ejecutivo", advirtió el portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, quien considera que la reforma es inconstitucional porque vulnera el principio de que el Gobierno puede elegir cuál de sus miembros responde ante el Senado.
La reforma afecta a 44 de los 196 artículos del Reglamento. Una vez finalizado el plazo de enmiendas, la Mesa del Senado decidirá en qué sesión plenaria se debatirá la propuesta. Se espera que el debate tenga lugar en abril. Posteriormente, el texto será analizado en la Comisión del Reglamento, donde podrá prorrogarse el proceso para alcanzar un consenso.
La sombra de la inconstitucionalidad
El PSOE sostiene que la reforma propuesta por el PP incumple la Constitución, un señalamiento que se suma a la inminente sentencia del Tribunal Constitucional sobre otra modificación impulsada por los populares a finales de 2023.
En ese momento, la mayoría del PP reformó el artículo 133 del Reglamento para otorgar a la Mesa del Senado la potestad de decidir si una proposición o proyecto de ley era urgente o no, lo que retrasaría así la tramitación de la ley de amnistía.
Se espera que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional aquella reforma en las próximas horas. En previsión de este fallo, el PP ha planteado una nueva redacción del artículo 133 que elimina dicha potestad. "No es por casualidad", afirmó Espadas, quien aseguró que el PP "ha sentenciado su propia reforma" al modificarla antes del fallo judicial.
Otras modificaciones y su impacto
La reforma también introduce cambios en el artículo 20 del Reglamento, lo que limitaría la posibilidad del Senado de solicitar informes a administraciones autonómicas y locales. "El PP intenta blindar a sus gobiernos autonómicos", denunció Espadas, quien vinculó esta modificación con la investigación de las inundaciones por la DANA de octubre en Valencia.
Por su parte, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha invitado a los demás grupos a consensuar una reforma integral del Reglamento. "Se trata de mejorar el funcionamiento de la Cámara Alta y garantizar el control efectivo al Gobierno", aseguró. No obstante, el PSOE insiste en que necesita más tiempo para analizar la propuesta y presentar alternativas.
La polémica está servida en el Senado, donde el enfrentamiento entre PP y PSOE sobre la aplicación de las normas internas y el papel del presidente del Gobierno en la Cámara Alta promete un intenso debate en las próximas semanas.