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Begoña Gómez vuelve al foco mediático por su implicación en un caso judicial que avanza sin pausa. Lo que empezó como una investigación discreta ha escalado hasta convertirse en un asunto de alto voltaje político y jurídico. Ahora, la justicia pone el pie en el acelerador.
El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha decidido adelantar la declaración como investigada de la esposa de Pedro Sánchez al próximo 10 de septiembre, un movimiento inesperado que refleja la importancia y urgencia del caso.
La malversación en el centro del caso
En el corazón de esta investigación se encuentra un presunto delito de malversación, relacionado con la contratación de Cristina Álvarez, asesora en La Moncloa y persona de confianza de Gómez.
Ambas están citadas a declarar en días consecutivos, pero tras un conflicto de agenda presentado por el abogado de Gómez, el juez ha reprogramado su comparecencia para el martes 10 de septiembre a las 12:00 horas.
Peinado ya había imputado a Gómez por delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida. La última providencia firmada por el magistrado incluye nuevas diligencias solicitadas, como el acceso a correos electrónicos enviados y recibidos por una cuenta oficial asignada a Gómez desde julio de 2018.
Más allá de la Universidad Complutense
El caso también gira en torno a supuestas gestiones irregulares realizadas en la Cátedra de Transformación Social Competitiva que dirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.
Un auto del 12 de junio, emitido por la Audiencia Provincial de Madrid, avaló la investigación por un posible delito de malversación, lo que fortaleció la instrucción actual.
Aunque el Tribunal Supremo archivó recientemente la parte que implicaba al ministro Félix Bolaños, el juez Peinado ha decidido seguir adelante con la parte que afecta a Gómez y su entorno más cercano. El foco está puesto ahora en el uso de recursos públicos y la trazabilidad de decisiones institucionales que podrían tener repercusiones penales.
Una cita que podría marcar un antes y un después
El próximo martes podría convertirse en un punto de inflexión para el caso y para el entorno del Palacio de la Moncloa. La solicitud de los correos electrónicos, cuya revisión estará en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, demuestra que la investigación busca pistas concretas en la correspondencia institucional de Gómez.
En paralelo, el ambiente político se recalienta. El hecho de que la esposa del presidente de Gobierno esté imputada formalmente y deba responder ante un juez en plena actividad parlamentaria tiene implicaciones tanto en el plano judicial como en el político.