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La crisis ferroviaria en España se ha convertido en uno de los ejes centrales del debate político y social tras una sucesión de accidentes que dejaron 46 personas fallecidas. En este contexto, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, apuntó directamente a los avisos previos de los trabajadores del sector y a la respuesta de las autoridades, en un escenario marcado por la conmoción y la exigencia de responsabilidades.
El accidente de Adamuz que dejó 45 víctimas mortales, y del siniestro registrado en Rodalies, con un fallecido, hechos que según datos de EFE profundizaron una situación de deterioro en la red ferroviaria y derivaron en alteraciones del servicio que afectaron a miles de usuarios y trabajadores.
A la par de las críticas políticas, el Gobierno activó medidas de emergencia, ceses en cargos clave del sistema ferroviario y disposiciones laborales para proteger a los trabajadores afectados por las interrupciones del servicio, mientras avanza el proceso de reconstrucción de infraestructuras clave como la línea Madrid-Sevilla.
Feijóo denuncia avisos ignorados y apunta a 46 muertes
Feijóo aseguró que los maquinistas de tren habían advertido “de forma reiterada” durante meses sobre la mala situación de las vías del AVE. Según afirmó en Figueruelas (Zaragoza), estos avisos no fueron atendidos y esa falta de respuesta “ha conllevado 46 muertes y desprotección de viajeros y trabajadores”.
En declaraciones recogidas por EFE, Feijóo sostuvo que España atraviesa “la peor crisis ferroviaria de su historia” y reclamó una revisión “completa y punto a punto” de toda la red ferroviaria, además de una inversión “multimillonaria” que garantice la seguridad de los usuarios y del personal del sistema.
El líder de la oposición también cuestionó la actuación del Gobierno tras los accidentes y afirmó: “No es normal que nadie pida perdón”, al tiempo que criticó que se intente “dar apariencia de normalidad” a una situación que, a su juicio, refleja negligencias graves en la gestión.
Gestión del Gobierno, ceses y medidas laborales
En paralelo a las críticas, el Gobierno aprobó un real decreto de medidas de apoyo tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida. Según el texto publicado en el BOE, los trabajadores que no hayan podido acudir a su puesto o hayan sufrido retrasos “no podrán ser sancionadas por la empresa ni sufrir perjuicio alguno en su relación laboral”.
La norma también establece el derecho de los empleados a recibir justificantes por parte de las compañías ferroviarias que acrediten las incidencias en el servicio. Esta disposición se enmarca en una situación en la que, especialmente en la red de Rodalies en Cataluña, los servicios estuvieron suspendidos durante varias jornadas, afectando el desplazamiento de miles de trabajadores.
En el plano político y de gestión, el Ministerio de Transportes anunció los ceses del director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany, y del director general de Operaciones y Explotación de Adif, Raúl Míguez. Estas decisiones se adoptaron tras una semana que el propio ministro, Óscar Puente, calificó como “muy difícil”.
Puente descarta más ceses y admite fallos de coordinación
El ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó que no se plantea “de momento” más ceses como consecuencia de los accidentes y de los incidentes recurrentes en el servicio de Rodalies.
Puente reconoció que la “coordinación” y la “comunicación” fallaron en la gestión del servicio ferroviario, lo que derivó en informaciones contradictorias a la opinión pública sobre la puesta en marcha y posterior suspensión de los servicios. Según explicó, parte de los ceses anunciados buscan corregir estas deficiencias.
El ministro subrayó que existe “autocrítica toda y responsabilidad toda” y confió en que en poco tiempo el sistema pueda ofrecer a la ciudadanía un servicio “que esté a la altura”, en un contexto de fuerte presión política y social por la seguridad ferroviaria.
Reapertura de la línea Madrid-Sevilla y trabajos de emergencia
En cuanto a la infraestructura, el Gobierno prevé recuperar el servicio de la línea Madrid-Sevilla en unos diez días, tras recibir autorización judicial para reponer la vía dañada en el tramo del accidente de Adamuz. Según informó Óscar Puente en X y recogió EFE, el objetivo es que los trabajos concluyan “en un plazo aproximado de 10 días naturales”.
Las tareas incluyen la reparación de la base de la vía, la reposición del balasto, la colocación de nuevos carriles y la reconstrucción de la catenaria, elementos que resultaron dañados por el descarrilamiento del tren de Iryo y el choque con el Alvia.
Estas actuaciones se realizan bajo la figura de Declaración de Emergencia, que permite contratar sin un procedimiento formal en situaciones excepcionales, aunque obliga a informar al Consejo de Ministros en un plazo máximo de 30 días sobre las acciones llevadas a cabo.
