

El Gobierno de España reducirá la jornada laboral a 35 horas semanales para los funcionarios públicos de la Administración General del Estado. La medida entrará en vigor en marzo, una vez sea aprobada en la mesa general de negociación, informó EFE.
Según UGT, esta decisión puede actuar como “punta de lanza” para que el avance se extienda también al resto de asalariados. La organización sindical confía en que la reducción de la jornada en el sector público impulse cambios más amplios en el ámbito laboral.
En la reunión mantenida ayer por la comisión permanente de negociación se decidió elevar la propuesta a la mesa general, que se reunirá en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución sea publicada antes de que termine marzo.
La nueva jornada se aplicará ya en marzo a todo el personal de la Administración General del Estado y del sector público estatal, con la excepción de Instituciones Penitenciarias y los docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla, que requieren además de una instrucción específica.

¿Qué postura ha expresado UGT sobre la reducción?
La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, consideró este miércoles en un encuentro informativo “una vergüenza” que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas, ya que, a su juicio, habría incidido en la salud de los trabajadores, la calidad de la producción y la estabilidad del empleo.
“Se ha perdido una oportunidad importantísima, histórica”, afirmó Araque, quien también sostuvo que los convenios colectivos que no pacten esa jornada laboral “cometerán un error de base”.
¿Qué impacto puede tener en otras administraciones?
Sobre la implantación de las 35 horas para el personal de la Administración del Estado, Araque señaló que “quienes piensan que es un agravio comparativo y no una punta de lanza están pensando en otra cuestión que no es el bienestar de los trabajadores y la marcha de los sectores”.
Además, apuntó al impacto que esta medida tendrá en otras administraciones autonómicas, como la Comunidad de Madrid, que había señalado que no la aplicaría hasta que lo hiciera el Gobierno.














