En esta noticia
Una propietaria de 86 años ha transcurrido 26 meses sin percibir el alquiler de su vivienda, a pesar de haber llevado a cabo todas las acciones legales pertinentes para desalojar a su inquilina. Debido a las pérdidas económicas que ha experimentado, la señora reclama un total de 40.320 euros.
De dicha suma, 9.331 euros son exigidos directamente a la administración por la demora en la ejecución del desahucio. Todo comenzó en abril de 2023, cuando la propietaria francesa firmó un contrato de arrendamiento con una joven para alquilar su apartamento en París por una renta mensual de 1350 euros.
Según informa el medio local especializado Figaro Inmobiler, durante los primeros meses los pagos se realizaron con regularidad, pero a partir del cuarto mes la inquilina dejó de pagar sin previo aviso. La anciana envió a su inquilina numerosos requerimientos formales de pago, pero no obtuvo respuesta. En octubre de 2023, emitió un requerimiento final invocando la cláusula de rescisión del contrato por impago.
Por qué no se realizó el desahucio de la jubilada de 86 años
Una vez que el contrato estaba rescindido, la propietaria tenía derecho a solicitar el desalojo. Sin embargo, la ejecución práctica se demoró en distintas instancias. El primer problema fue la moratoria invernal de desahucios, que en Francia, impide ejecutar órdenes de expulsión a residentes sin alternativas habitacionales durante los meses de frío. Esto hizo que se tuviera que esperar hasta abril de 2024.
La cláusula de rescisión entró en vigor en diciembre de 2023 y el contrato quedó formalmente rescindido. Sin embargo, la inquilina continuó ocupando la vivienda sin título ni derecho legal, acumulando más de 9.600 euros en alquileres impagos en ese momento.
Para ese momento, la propietaria se topó con otro obstáculo, ya que la policía se negó a proporcionar apoyo policial, que es un requisito legal para llevar a cabo el desahucio en Francia. La negativa se basó en el hecho de que la inquilina tenía hijos y no disponía de una vivienda alternativa, por lo que las autoridades consideraron imposible proceder sin un plan de reubicación.
La abogada de la señora remarcó que, en este punto, su representada se encontraba en una especie de limbo legal. La sentencia de desalojo existía, pero no podía ejecutarse por falta de apoyo de las fuerzas del orden. Esta situación prolongó la ocupación sin derecho.
Indemnización solicitada por una propietaria de 86 años al Gobierno
En total, la propietaria se acumula una deuda de 40.320 euros por el impago durante 26 meses de ocupación sin pagar. Aunque la abogada no espera que se pueda recuperar toda esa cantidad, espera al menos poder obtener la indemnización de la administración de 9.331 euros.
Finalmente, el desahucio se realizó en octubre del año pasado, nueve días antes del inicio de una nueva moratoria invernal. Actualmente, la inquilina se encuentra alojada en un hotel social, mientras que el retraso en ejecutar la orden dejó a la propietaria sin cobrar durante más de dos años.
En julio de 2025 la propietaria decidió iniciar acciones legales contra la administración francesa. Para esto se basó en el Código de Procedimientos de Ejecución Civil, que obliga al Estado a asistir en la ejecución de sentencias ejecutorias. La negativa de la administración a proporcionar esa asistencia puede dar derecho a indemnización por los daños causados.