Fuente: Freepik
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El mercado de alquileres se encuentra convulsionado desde hace varios años. Alquilar una vivienda no es un trámite sencillo y cada vez son más frecuentes las prácticas legales que dejan a los inquilinos en situación de vulnerabilidad legal y habitacional. Aunque el deseo de tener un hogar propio está presente para muchos jóvenes, la realidad económica lo complica todo.
La creciente desprotección a los arrendatarios permite que los propietarios recurran a lagunas legales que garantizan su beneficio mientras los inquilinos enfrentan barreras constantes. En el mercado de alquileres actual, los precios se mantienen en subida mientras que cada vez hay menos pisos disponibles y compartir casa se ha vuelto la opción predominante para quienes buscan la independización.
Sumado a los problemas económicos que acarrean los alquileres, la inseguridad es otro factor a tener en cuenta. Muchos inquilinos viven con el miedo constante a que les suban el alquiler de golpe o ni siquiera les renueven el contrato.
Para intentar calmar la situación, el Gobierno ha implementado normas que buscan proteger al que alquila y poner en orden el mercado. Algunas de estas leyes intentan limitar las subidas de precios y dar más estabilidad a los contratos. Las diferencias entre lo que quieren los propietarios y lo que necesitan los inquilinos todavía crea mucho conflicto.
La cláusula del alquiler que puede echar a los inquilinos
En medio de las tensiones entre arrendatarios y arrendados en España, ha surgido una nueva polémica legal que ha encendido de nuevo el debate. En 2020, tras la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), se estableció que los contratos de alquiler firmados con personas físicas tendrían una duración mínima de cinco años.
Esto significa que muchos contratos firmados ese año llegarán a su vencimiento en 2025. Es decir que a partir de la fecha de caducidad, los propietarios tendrán la libertad de revisar y actualizar cualquier condición que les parezca inadecuada.
La actualización implica que el propietario podrá subir el precio del alquiler sin límite legal, salvo en casos donde la vivienda esté en una zona declarada como "tensionada". Estas son zonas con precios muy altos y escasa oferta, donde la ley sí establece topes de valor.
En el peor de los casos, el arrendador también puede decidir no renovar el contrato, sin necesidad de alegar una causa concreta. Basta que el contrato haya llegado a su fin y no se establezca una renovación, lo que obligará al inquilino a marcharse legalmente.
¿Cuál es la ley que podría cortar tu contrato de alquiler?
Según explicaron el profesor de la Universidad de Alcalá, Dmitry Petrov, y Josep Oliver, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, para El País, se estima que entre 300.000 y 500.000 españoles se encuentren entre los afectados por la modificación de la ley. Este vencimiento de alquileres sucede en un contexto de fuerte subida de precios.
Desde 2020, el momento donde se sancionó la LAU, hasta ahora, el alquiler ha subido de forma importante en casi toda España. Un ejemplo que refleja este aumento es Baleares, donde el incremento fue de 48% en cinco años. En otras ciudades, la subida ronda entre el 20% y el 40%.
Esto quiere decir que muchos propietarios podrían aumentar el precio entre 100 y 400 euros más el mes por la misma vivienda a partir de la renovación del alquiler. Estos montos serían acordes al aumento general y la baja cantidad de oferta libre de alquileres.
¿Cómo pueden protegerse los inquilinos para que no les corten el alquiler?
La reforma de la LAU establece que los contratos de alquiler firmados a partir del 6 de marzo de 2019 se prorrogarán automáticamente si ninguna de las partes comunica su intención de no renovarlo. Una vez transcurrido este periodo, si no hay notificación de no renovación, el contrato se prorrogará por plazos anuales hasta un máximo de tres años adicionales.
Durante estas prórrogas, el inquilino tiene derecho a permanecer en la vivienda, siempre que cumpla con sus obligaciones contractuales, como el pago puntual del alquiler y el mantenimiento adecuado del inmueble.
El propietario en esos casos solo podrá recuperar la vivienda si la necesita para su uso personal o de un familiar de primer grado. Esta necesidad deberá ser justificada y notificada con un mínimo de dos meses de antelación.