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El PSOE presentó una serie de enmiendas al Congreso con el objetivo de incentivar la oferta de vivienda asequible en España. La propuesta principal consiste en eximir del impuesto de sociedades los beneficios derivados de la venta de inmuebles que se destinen a alquiler social o a precios asequibles, una medida que se aplicaría a partir del ejercicio fiscal 2025.
La iniciativa busca atender la creciente demanda habitacional y fomentar que empresas y particulares incorporen más inmuebles a políticas de vivienda social.
Según los expertos, esta medida podría aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario y contribuir a mejorar el acceso a la vivienda para sectores con menos recursos.
¿Cómo será la exención fiscal para viviendas?
Según el texto presentado, la exención será aplicable únicamente si los inmuebles se integran en las políticas de vivienda asequible o alquiler social administradas por el Ministerio de Vivienda.
Asimismo, no se considerarán las pérdidas derivadas del deterioro ni el exceso de amortización deducida. Con esta medida, el PSOE busca incentivar tanto a empresas como a particulares a poner a disposición un mayor número de inmuebles para alquiler a precios accesibles, contribuyendo así a mitigar la presión sobre el mercado inmobiliario y a resolver los problemas de acceso a la vivienda.
La iniciativa se inscribe dentro de un paquete más amplio de enmiendas a la ley que implementa la directiva DAC8, la cual se centra en fortalecer el control de las operaciones con criptomonedas para prevenir fraudes fiscales.
Entre las propuestas se contemplan ajustes en impuestos como el IRPF, sociedades, patrimonio y no residentes, así como medidas destinadas a reducir la burocracia y a agilizar los procedimientos administrativos.
Cambios fiscales y económicos propuestos por el PSOE
Entre las enmiendas presentadas se propone incentivar la inversión minorista en empresas europeas y restringir las reclamaciones ante el Tribunal Económico-Administrativo Central con el fin de agilizar su resolución.
Asimismo, se busca eximir a abogados y profesionales amparados por el secreto profesional de la obligación de informar sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal, además de implementar ajustes progresivos en la tributación de bolsas de nicotina hasta el año 2030.
Otras iniciativas incluyen facilitar que empresarios españoles accedan a regímenes de IVA franquiciado en la UE, revisar la intervención de la Agencia Tributaria en créditos garantizados por el ICO y adaptar la normativa española a las directrices europeas sobre mercancías abandonadas en aduanas.
Adicionalmente, se contemplan medidas para expandir las actividades de entidades públicas como Imbisa y Sepides, así como establecer un límite de crédito del Icex fijado en 34 millones de euros para el año 2026.