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El Gobierno español avanza hacia una mejora significativa en las condiciones laborales de los empleados públicos con la firma de un acuerdo salarial que prevé una subida del 11% hasta 2028.
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, rubricará el pacto esta tarde junto a UGT y CSIF, mientras CCOO se mantiene en una posición expectante.
El entendimiento pretende actualizar el poder adquisitivo de los funcionarios en un contexto económico marcado por la inflación y la presión sindical.
El cierre del acuerdo llega tras una negociación extendida que tuvo su punto de inflexión en la noche del miércoles, cuando UGT y CSIF dieron el visto bueno definitivo.
Las mejoras abarcan incrementos progresivos entre 2025 y 2028, con cláusulas vinculadas a la evolución del IPC. Sin embargo, la ausencia temporal de CCOO genera un interrogante político y sindical que podría influir en la aplicación plena del pacto.
¿Qué implica el nuevo acuerdo salarial para los empleados públicos?
El texto firmado establece una subida del 2,5% para 2025, con efecto retroactivo desde enero, lo que supone un impacto directo en las retribuciones del próximo ejercicio.
A partir de 2026, el incremento será del 1,5%, aunque podría ampliarse otro 0,5% si el IPC iguala o supera el 1,5%, un mecanismo diseñado para evitar que la inflación erosione el salario real.
La senda continúa en 2027 con un 4,5% adicional, un aumento considerable que busca compensar años de pérdida de poder adquisitivo.
Para 2028, el alza prevista será del 2%, cerrando así un ciclo de mejoras que, al consolidarse anualmente en las tablas salariales, generará un incremento acumulado del 11,4%. Fuentes del Ejecutivo destacan que este porcentaje final surge del efecto arrastre propio de la actualización progresiva.
El acuerdo también pretende fortalecer la relación entre Gobierno y sindicatos tras meses de diálogo desigual. UGT y CSIF celebran que se haya logrado un esquema previsible y sostenido de aumentos. No obstante, el respaldo sindical completo continúa pendiente, un aspecto que podría definir la gobernabilidad del espacio laboral público en los próximos años.
¿Por qué CCOO decide no firmar por ahora y qué condiciones reclama?
Unai Sordo, secretario general de CCOO, expuso en Valladolid que su organización no suscribirá el acuerdo hasta recibir “un compromiso nítido” del Gobierno sobre temas que el sindicato considera todavía incumplidos del pacto de 2022.
Entre los puntos críticos menciona la carrera profesional en determinados niveles y la aplicación de la jubilación parcial, dos medidas que CCOO considera esenciales y que no avanzaron al ritmo prometido.
Sordo manifestó que estas “insuficiencias” dificultan avalar un nuevo compromiso sin garantías firmes. Aunque la negociación continúa abierta, el dirigente dejó claro que la firma no es inminente y que el Ejecutivo debe responder con mayor claridad si quiere sumar a la central sindical.
La decisión de CCOO agrega tensión al anuncio gubernamental, pues su peso en la representación de los trabajadores del sector público es significativo.
En paralelo, el líder sindical abordó el bloqueo con CEOE en la mesa de diálogo sobre la reforma de la ley de riesgos laborales. Sordo afirmó que la situación se intuía y cuestionó la falta de avances tras veinte meses de conversaciones.
Reclamó medidas adicionales en una normativa con tres décadas de vigencia y alertó sobre la gravedad de los datos: el 32% de los accidentes laborales mortales en España responde a causas no contempladas en los planes de prevención de las empresas.
Para CCOO, este indicador refleja fallas serias en la calidad preventiva y obliga al Gobierno a mostrar “ambición” para cerrar un acuerdo bipartito en las próximas semanas.
