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El acceso a una vivienda digna en régimen de alquiler continúa siendo una de las principales preocupaciones para miles de ciudadanos en España, especialmente para los jóvenes. La escasez de pisos disponibles, los precios al alza y la proliferación de los alquileres turísticos han complicado aún más un panorama ya de por sí desafiante.
En un intento por mitigar esta situación, el Gobierno ha dado un paso significativo que podría cambiar las reglas del juego de los alquileres en muchas comunidades de vecinos.
Ley de alquileres: el Gobierno refuerza el control de los vecinos sobre los pisos turísticos
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, que modifica la Ley de Propiedad Horizontal, supone un endurecimiento del marco regulador respecto al uso turístico de viviendas en comunidades de propietarios.
A partir del 3 de abril de 2025, será imprescindible contar con la aprobación de una mayoría cualificada de vecinos -tres quintas partes de los propietarios, que representen el mismo porcentaje de las cuotas de participación- para poder destinar una vivienda al alquiler turístico.
Este cambio legislativo tiene como objetivo limitar el impacto negativo de los pisos turísticos en los entornos residenciales, especialmente en zonas céntricas y costeras, donde esta práctica ha reducido de forma considerable la oferta de alquiler para uso habitual. Con esta medida, se busca dar mayor capacidad de decisión a los vecinos para preservar la calidad de vida en sus comunidades y equilibrar el mercado.
En caso de que la comunidad acuerde la prohibición del alquiler turístico, los propietarios que desoigan esta decisión se enfrentarán a sanciones. La norma permite exigir el cese inmediato de la actividad e incluso acudir a la vía judicial.
Además, las comunidades de propietarios podrán aplicar un recargo de hasta el 20% en los gastos comunes a aquellos pisos que continúen ejerciendo esta actividad, siempre que cuenten con la misma mayoría cualificada. Las sanciones económicas pueden llegar hasta los 600.000 euros, de acuerdo con las disposiciones de cada comunidad autónoma.
Inquilinos y propietarios: cómo afecta la nueva normativa al mercado del alquiler
El contexto que ha motivado esta reforma es especialmente sensible. En España, cada vez más jóvenes se ven obligados a permanecer en casa de sus padres, no por falta de voluntad de independizarse, sino por la imposibilidad de asumir los costes de una vivienda, tanto en propiedad como en régimen de alquiler.
Las opciones de alquiler compartido se han convertido en la alternativa más asequible, mientras que la incertidumbre sobre la renovación de contratos o la subida repentina de rentas genera una continua sensación de inestabilidad entre los inquilinos.
La nueva ley también introduce una cláusula de no retroactividad. Esto significa que los alquileres turísticos que ya estuvieran operativos antes del 3 de abril de 2025 podrán seguir funcionando, aunque estarán sujetos a los posibles recargos comunitarios si así lo aprueba la junta de vecinos.
De este modo, se intenta respetar los derechos adquiridos por los propietarios, sin renunciar al objetivo de frenar nuevas incorporaciones que puedan tensionar aún más el mercado.
Esta iniciativa legislativa forma parte del conjunto de medidas que el Gobierno está impulsando para hacer frente a la crisis habitacional que atraviesa el país.
Al poner en manos de los vecinos la capacidad de decidir sobre el uso turístico de las viviendas dentro de sus comunidades, se pretende recuperar parte del equilibrio perdido y proteger el acceso a la vivienda para quienes buscan una residencia habitual.
Aunque el debate está abierto y no todos los sectores están de acuerdo con las nuevas restricciones, lo cierto es que la ley ya está en marcha y su aplicación será clave en la evolución del mercado en los próximos años.
